El Gobierno argentino avanza con una nueva etapa de revisión de la administración pública y analiza nuevos recortes en organismos estatales antes de que comience formalmente la carrera electoral de 2027.
La Casa Rosada busca detectar áreas que puedan ser eliminadas, fusionadas o reestructuradas como parte de su estrategia para reducir el gasto público.
La evaluación está a cargo de los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y todavía no cuenta con una lista definitiva de organismos alcanzados.
“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, explicaron desde el Ejecutivo, en diálogo con TN.
El análisis incluye dependencias que habían sido alcanzadas por los decretos delegados impulsados por el Gobierno en 2025 y que luego quedaron sin efecto tras el rechazo del Congreso, aunque en la Casa Rosada aseguran que la nueva revisión también contempla otras estructuras.
El antecedente más reciente fue el paquete de cambios que el Ejecutivo intentó aplicar por decreto, que incluía la eliminación o modificación de distintos organismos públicos.
Entre las medidas planteadas figuraban la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, además de la eliminación de organismos como la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas.
También se proponían transformaciones en instituciones como el INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Tras el rechazo parlamentario, esas estructuras debieron ser restituidas.
Ahora, el Gobierno busca avanzar con una propuesta diferente, basada en un análisis más amplio de funciones, presupuesto y cantidad de empleados.
El criterio para definir nuevos recortes
A diferencia del esquema anterior, la Casa Rosada no parte de una lista cerrada. Los equipos técnicos evalúan cada organismo según distintos parámetros: cantidad de empleados, nivel de gasto, funciones asignadas, presencia territorial y posibles superposiciones con provincias y municipios.
El objetivo es identificar estructuras que, según el Gobierno, puedan reducirse sin afectar tareas esenciales.
Desde Nación sostienen que no habrá una reducción uniforme para todas las dependencias, sino una evaluación caso por caso.
La meta de reducir empleados públicos
Además de la reorganización de organismos, el Ejecutivo mantiene su política de reducción de personal estatal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y reestructuraciones internas.
Según datos oficiales del Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalente al 14,1% de la dotación total.
El Gobierno libertario estima que ese proceso generó un ahorro acumulado de USD 2.814 millones.
La reducción fue más marcada en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. En esos sectores, la baja de empleados superó el 20% desde el inicio de la gestión libertaria.
El objetivo de la medid es mantener el equilibrio fiscal y generar margen para avanzar con una futura reducción de impuestos, una de las promesas económicas del presidente Javier Milei.
En el Gobierno consideran que una baja de la presión tributaria debe estar acompañada por un Estado más eficiente y con menores costos operativos para evitar desequilibrios fiscales.
