En Bolivia se terminaron 51 días de bloqueo de caminos, pero: ¿son el fin del conflicto o, tan sólo, una pausa? ¿Es realmente un triunfo de la estrategia negociadora del gobierno o una capitulación muy bien disimulada en el Estado de Excepción?
Para responder ambas preguntas es necesario analizar con cuidado el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno nacional, veamos:
En el punto 3, el gobierno se compromete a garantizar la protesta social y la actividad sindical. Sin embargo, lo que consiguió la COB es impunidad para seguir con sus acciones violentas y los bloqueos de caminos, que son simplemente crímenes de lesa humanidad, ¿o se puede llamar protesta social a dejar sin alimentos por casi dos meses a la ciudad de La Paz?
En el punto 4, el gobierno se compromete a mantener las empresas públicas. Creo que no es necesario aclarar que este acápite ata de pies y manos al ejecutivo para efectuar cualquier plan económico, pues las empresas estatales son una de las principales causas para el déficit fiscal, por ende, de la crisis económica nacional. Si los primeros seis meses de gobierno de Rodrigo Paz fueron un continuismo del modelo de Evo Morales, ahora podemos estar seguro que ese despilfarro continuará hasta el 2030.
Punto 11, el gobierno se compromete a realizar consultas de las normas de alto impacto. Acá la pregunta es: ¿con quién debe consultar el gobierno? Pues con la COB y otros grupos de piratas del asfalto y piqueteros de la ruta. Básicamente, es tirar por la borda la poca institucionalidad que quedaba en el país, porque nos están demostrando que un grupo de violentos bien organizados tiene la capacidad, mediante la extorsión, de estar por encima de la ley, incluso de los procesos electorales.
En resumen, contrario a la narrativa del gobierno central, que muestra todo lo anterior como un triunfo de su estrategia dialoguista, lo que hizo Rodrigo Paz fue entregar su cabeza y su gobierno al Socialismo del Siglo XXI y sus satélites narcoterroristas que operan en Bolivia.
Pero no fue el primero, tampoco el único.
En enero del 2002, los cocaleros de Evo Morales tomaron violentamente Cochabamba y asesinaron cruelmente a los policías Wilson Espinoza, Ely Pinaya y Antonio Gutiérrez, y al subteniente de ejército, Marcelo Trujillo. Tuto Quiroga, presidente del país en ese momento, prometió aplicar la ley contra Morales y sus milicianos, pero, después de una reunión en el Arzobispado, capituló frente a Evo, sus palabras textuales fueron: «Yo no seré responsable del nacimiento de una guerrilla en el Chapare».
La impunidad que Tuto le regaló a Evo le sirvió para que el pez gordo del Chapare viaje a Cuba, Venezuela y Libia para organizar los siguientes conflictos violentos.
La traición de Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada durante el Golpe de Estado del 2003 y la negociación de la Agenda de Octubre colocan al historiador paceño entre los peores personajes de la historia boliviana de las últimas tres décadas. El gobierno de Mesa fue, simplemente, un preludio, una especie de ceremonia de bienvenida, al castrochavismo en Bolivia, ya que, aparte de impunidad y desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dejó servida la mesa para una Asamblea Constituyente.
Bolivia, es un país que se desangra entre los golpes que le dan presidentes miserables y las explosiones que provocan las dinamitas de los narcoterroristas. Mientras tanto, los ciudadanos, en lugar de ocuparnos de nuestros emprendimientos y futuro financiero, tenemos que esperar que a un grupo de vándalos no se les ocurra cerrar carreteras, incendiar oficinas públicas, asesinar policías e intentar matarnos de hambre. ¡Pobre país!
