Hay polémicas que nacen de hechos trascendentes. Otras, en cambio, parecen surgir de la necesidad de fabricar una controversia donde no la hay.
Eso es exactamente lo que ocurrió esta semana cuando algunos sectores vinculados a ABC decidieron convertir en noticia un reposteo realizado por error desde una cuenta institucional del Ministerio de Educación y Ciencias. El pecado imperdonable habría sido que el material compartido provenía de un medio identificado con posiciones provida y con una visión inspirada en valores cristianos.
La reacción fue tan exagerada como reveladora.
Según el planteamiento de ABC, el problema sería que el contenido provenía de un sitio «pro vida» y que reflejaba un supuesto «sesgo religioso». La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo defender la vida constituye un escándalo? ¿Desde cuándo los valores cristianos pasaron a ser incompatibles con el debate público? ¿Desde cuándo expresar convicciones compartidas por una enorme mayoría de paraguayos se convirtió en motivo de alarma?
Y conviene recordar un dato que suele pasar desapercibido en este tipo de debates. La defensa de la vida no es solamente una convicción religiosa compartida por millones de paraguayos; también constituye un principio consagrado por nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 4 de la Constitución Nacional establece que «el derecho a la vida es inherente a la persona humana» y garantiza su protección «en general, desde la concepción». Es decir, la postura provida no representa una idea marginal ni una posición extrema, sino un principio reconocido expresamente por la propia Carta Magna de la República del Paraguay.
Lo cierto es que Paraguay sigue siendo una sociedad profundamente arraigada en principios cristianos. No porque lo imponga el Estado ni porque exista algún tipo de censura ideológica, sino porque así lo sienten millones de paraguayos que valoran la vida, la familia, la fe y la responsabilidad personal como pilares fundamentales de la convivencia social.
Quizás lo más llamativo de toda esta historia fue la reacción del propio público. Lejos de indignarse, numerosos ciudadanos celebraron el contenido compartido y destacaron que, incluso si se trató de un error, el material reflejaba valores con los cuales se sienten identificados.
Y es allí donde aparece el verdadero problema para ciertos sectores de opinión.
La sociedad paraguaya no coincide necesariamente con las agendas progresistas que algunos intentan presentar como consenso universal. Existe una diferencia cada vez más evidente entre lo que determinadas élites mediáticas consideran aceptable y lo que efectivamente piensa gran parte de la ciudadanía.
Por eso resulta llamativo que algunos pretendan presentar como escandaloso un contenido alineado con principios que no solo forman parte de la identidad cultural de la mayoría de los paraguayos, sino que además encuentran respaldo en la propia Constitución Nacional. Si defender la vida desde la concepción constituye un valor constitucional, cuesta entender por qué ciertos sectores reaccionan con tanta indignación cuando ese principio aparece reflejado en una publicación periodística.
Por eso resulta legítimo preguntarse si la indignación expresada por ABC responde realmente al reposteo de una nota o si existe una intención más amplia de instalar una polémica artificial para tapar causas por lavado de dinero (Banco Atlas) o explotación laboral (Biggie). Después de todo, cuando una noticia menor ocupa titulares y columnas enteras, siempre cabe preguntarse por qué se le dedica semejante esfuerzo editorial.
¿Se buscaba construir un escándalo donde no lo había? ¿Desviar la atención hacia una controversia ideológica de baja relevancia pública? ¿Instalar una discusión funcional a determinadas agendas culturales? Son preguntas válidas en una época donde muchas veces el debate público parece girar más en torno a las identidades políticas y culturales que a los problemas concretos de la ciudadanía.
Tal vez la respuesta sea tan simple como incómoda: el intento de convertir un error administrativo en un escándalo terminó chocando contra una realidad que algunos prefieren ignorar. La realidad de un Paraguay que sigue siendo mayoritariamente provida, que sigue valorando la familia y que no considera ofensivo que esos principios tengan presencia en la conversación pública.
Mientras tanto, el MEC continúa desarrollando una gestión que, con aciertos y errores como cualquier administración pública, ha buscado devolver el foco a la educación, al aprendizaje y a la recuperación de valores que muchos padres consideran fundamentales para la formación de sus hijos.
¿Hay aspectos por mejorar? Sin duda. Siempre los hay. Pero es difícil sostener seriamente que compartir accidentalmente un contenido provida represente una amenaza para la educación nacional.
Al final, lo ocurrido deja una enseñanza interesante. Quienes intentaron instalar una polémica terminaron exponiendo algo mucho más profundo: la distancia que existe entre ciertas agendas ideológicas y el sentir de una parte importante de la sociedad paraguaya.
Y esa realidad no cambia con editoriales indignados ni con escándalos fabricados.
Simplemente existe.
