La reciente aparición del presidente Santiago Peña en la Cumbre Estudiantil “Nicasio Martínez Díaz”, desarrollada en la Universidad Nacional de Asunción, dejó más interrogantes que certezas. En un evento que, en teoría, buscaba fomentar el debate técnico y académico sobre el futuro económico del país, terminó filtrándose una idea que preocupa: la posibilidad de elevar el IVA al 14% y aumentar la carga impositiva a las empresas como mecanismo de financiamiento estatal.
No es la primera vez que desde el entorno del mandatario se instala este tipo de planteamientos, pero sí resulta llamativo el contexto elegido. Frente a jóvenes universitarios, en un ámbito formativo, se desliza lo que parece ser un ensayo discursivo dentro de una estrategia de “ventana de Overton”: introducir gradualmente ideas impopulares para volverlas aceptables. En este caso, subir impuestos en una economía que ya enfrenta dificultades estructurales.
El problema de fondo no es solo la propuesta en sí, sino la lógica que la sustenta. Nuevamente, el enfoque no pasa por reducir el gasto público, mejorar la eficiencia del Estado o corregir distorsiones administrativas. La receta es la misma de siempre: cargar sobre los contribuyentes, especialmente los sectores productivos, el peso de los errores acumulados por distintas administraciones. Una fórmula que ha demostrado ser ineficaz y, en muchos casos, contraproducente.
A esto se suma una contradicción difícil de ignorar. Si el propio presidente considera que aumentar impuestos es necesario, ¿por qué no impulsa la medida durante su mandato? Y si no lo hace ahora, cabe preguntarse si realmente existe tal necesidad o si se trata de una agenda proyectada para futuros gobiernos. Esa ambigüedad abre la puerta a dudas más profundas: ¿responde esta idea a una evaluación interna del Estado paraguayo o a presiones externas? ¿Quién define la hoja de ruta fiscal del país?
El riesgo es claro. Elevar el IVA impacta directamente en el consumo, golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Aumentar impuestos a las empresas, por su parte, desincentiva la inversión y limita la generación de empleo. En lugar de dinamizar la economía, estas medidas tienden a enfriarla.
En definitiva, lo que se presenta como una solución técnica empieza a perfilarse como un viejo reflejo político: cuando el Estado no alcanza, se recurre al bolsillo del ciudadano. Pero en un país que necesita crecer, producir y atraer inversiones, insistir en ese camino no solo resulta cuestionable, sino potencialmente dañino.
