Las denuncias en torno a Bruno Masi suman un nuevo capítulo y amplían el foco de cuestionamientos más allá de sus polémicas recientes. A las versiones cruzadas sobre su presunta vinculación en el caso de Dalia López y las desmentidas a su “trabajo periodístico” por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ahora se agregan testimonios de exempleados que lo acusan, junto a su esposa María Luz Peña, de prácticas laborales abusivas.
Las declaraciones surgieron en una entrevista realizada por Francesco Fiorio y Ricky Alderete, publicada en La Tribuna, donde un exfuncionario de la firma Cerebro S.A. relató las condiciones en las que trabajó durante aproximadamente un año. El testimonio de la persona, cuya identidad fue resguardada, describe un ambiente laboral marcado por maltratos y presuntas irregularidades.
“El señor Bruno no era una persona de buen trato hacia los empleados. Fue una tortura desde la primera semana”, afirmó el exempleado, quien denunció constantes gritos, descalificaciones y un clima de presión permanente. Según su relato, las jornadas laborales se extendían entre 10 y 12 horas, en condiciones que calificó de inhumanas.
Uno de los puntos más graves señalados es la presunta práctica de encerrar a los trabajadores dentro de la empresa. “Vos tenías que despedirte del señor para poder salir”, sostuvo, indicando que los empleados quedaban dentro de las instalaciones hasta que Masi regresara o autorizara su salida.
El denunciante también afirmó que no se pagaban horas extras, pese a la extensión de la jornada, y que sí se aplicaban descuentos por llegadas tardías o ausencias. Además, aseguró que los trabajadores no contaban con contratos laborales formales, lo que configuraría una vulneración de derechos básicos.
Tras la difusión del testimonio, la publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde otros exempleados respaldaron el relato. Algunos comentarios incluso mencionan casos de trabajadores que habrían prestado servicios durante años en las mismas condiciones de explotación laboral y maltrato.
Si bien hasta el momento no hay una respuesta pública por parte de los señalados, la acumulación de testimonios comienza a configurar un escenario que podría derivar en mayores cuestionamientos e incluso en eventuales acciones legales, en caso de que las denuncias sean formalizadas ante las autoridades competentes.
