En el marco del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, los fiscales federales y el equipo de defensa del presunto narcotraficante Sebastián Marset acordaron renunciar a su derecho a un juicio rápido, en una señal que anticipa posibles novedades en la causa.
Durante una audiencia, el juez Rossie D. Alston Jr. informó a Marset —quien compareció vestido con uniforme de prisión— que, en caso de ser hallado culpable por el delito de conspiración para blanqueo de dinero, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel, además de tres años de libertad supervisada y una multa mínima de 500.000 dólares.
Por su parte, el fiscal Anthony T. Aminoff, jefe de la unidad de narcóticos y lavado de dinero de su distrito, solicitó posponer la próxima audiencia de seguimiento hasta el 20 de mayo. Según explicó, ambas partes necesitan más tiempo para avanzar en las negociaciones, en medio de un escenario que podría complejizarse.
Aminoff advirtió que “es probable que haya una acusación sustitutiva”, una figura legal que permite ampliar los cargos existentes. Esto abre la posibilidad de que Marset enfrente imputaciones adicionales, entre ellas delitos vinculados al narcotráfico, que conllevan penas más severas.
El caso adquiere mayor dimensión a partir de datos proporcionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que vinculan a una red criminal liderada por Marset con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, en el marco de una investigación multinacional.
En paralelo, un capítulo clave de su presunta estructura criminal se sitúa en Paraguay, considerado por investigadores como uno de los territorios donde alcanzó mayor nivel de operación y expansión. Información surgida tras la detención del brasileño Marcus Espindola en 2021 revela intercambios entre ambos, en los que se evidencia el acceso a contactos y posibles redes de protección.
Según los mensajes, Espindola ofreció a Marset vínculos dentro de la Policía Nacional paraguaya y le advirtió sobre movimientos en su contra, incluyendo la llegada de autoridades uruguayas —policías y una fiscal— que impulsarían acciones judiciales desde Paraguay. “Soy amigo de esa gente”, le aseguró el brasileño, mientras que Marset respondió: “Ya está todo medio encaminado para el arreglo”.
La información extraída del celular de Espindola también salpicó a altas esferas del poder en Paraguay, incluyendo al entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien fue imputado por cohecho pasivo agravado en una causa vinculada al narcotráfico.
Este entramado de contactos, advertencias anticipadas y presuntas conexiones institucionales refuerzan la hipótesis de que Paraguay no solo fue un punto de tránsito, sino un eje central en la estructura operativa de Marset, coincidiendo con una de las etapas más productivas de sus actividades en la región. Mientras tanto, su situación judicial en Estados Unidos continúa evolucionando y podría agravarse con la incorporación de nuevos cargos.
De confirmarse nuevos cargos, el proceso podría escalar significativamente tanto en gravedad como en alcance, consolidando a Marset como una figura central dentro de estructuras del crimen organizado a nivel internacional.
