A pocas semanas de las elecciones parlamentarias en Hungría, varias páginas de Facebook de periódicos regionales próximos al Gobierno han sido suspendidas, en una maniobra que despierta serias sospechas de interferencia política. Entre los medios afectados se encuentran Bama.hu (condado de Baranya), Kisalfold.hu (Győr-Moson-Sopron) y Szabolcs Online (este del país), todos parte del grupo Mediaworks, y que en conjunto sumaban cientos de miles de seguidores.
Según informaciones difundidas en foros digitales, la suspensión de Bama.hu se produjo tras la denuncia de un usuario por supuestas “amenazas de guerra”. Meta, la empresa matriz de Facebook, consideró que se vulneraba su normativa comunitaria, y poco después las otras páginas quedaron inaccesibles. La coincidencia temporal no es casual: Hungría se encuentra en la recta final de una campaña electoral que el propio Viktor Orbán ha planteado como un pulso entre soberanía nacional y la presión de Bruselas.
Sectores conservadores húngaros interpretan estas medidas como un ataque directo al equilibrio informativo, limitando el alcance de medios soberanistas en un momento clave donde gran parte del debate público ocurre en entornos digitales. Lo más preocupante es que este modus operandi no es nuevo: la Unión Europea ya aplicó tácticas similares en países como Rumanía y Moldavia, donde la censura selectiva en redes sociales ha servido para controlar la narrativa política y silenciar voces incómodas.
El mismo día, la página de Europeanconservative.com fue suspendida temporalmente bajo la acusación de “desnudez o actividad sexual”, en relación a un artículo crítico sobre la retirada de páginas pornográficas en Francia por medidas de protección infantil. La cuenta fue restablecida posteriormente, pero el patrón es evidente: Meta actúa como brazo digital de una agenda política favorable a Bruselas, tomando decisiones arbitrarias que afectan la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Este tipo de censura no solo amenaza la libertad de prensa, sino que refuerza la percepción de que gigantes tecnológicos y la UE trabajan de manera coordinada para moldear el debate público, silencian críticos y favorecen intereses políticos alineados con la integración europea, en detrimento de la soberanía y el derecho de los ciudadanos a acceder a información diversa.
