La audiencia del martes 10 de febrero en el Juzgado de Paz de San Roque no solo pondrá a prueba la independencia del juez Rogerth Chaparro, sino que podría agravar la situación procesal de la imputada por hurto Antonella Arámbulo, quien enfrentaría consecuencias penales y civiles severas si se confirma que sus denuncias fueron falsas y utilizadas para censurar, intimidar y obstruir una causa por hurto con pruebas. Bajo la mirada de observadores internacionales e inclusive de un alto cargo de Naciones Unidas, cualquier convalidación de esta maniobra tendría un costo institucional inmediato para Paraguay.
(Fuente: https://www.threads.com/@antoaramlo)
Este martes 10 de febrero, el Juzgado de Paz de San Roque, a cargo del juez Rogerth Chaparro, celebrará una audiencia que ya despierta alertas institucionales, jurídicas y mediáticas dentro y fuera del Paraguay. Se trata de la audiencia promovida a partir de una controvertida denuncia presentada por Antonella Arámbulo, actualmente imputada por hurto, contra la abogada Noelia Quintana Shaffer, defensora del periodista argentino Nicolás Morás.
Según advierten observadores jurídicos y organizaciones internacionales citadas por el portal argentino REALPOLITIK —medio distinguido con el Premio Martín Fierro a la Investigación Periodística—, el caso presenta elementos que podrían configurar un uso abusivo de la Ley 1.600, orientado no a la protección de derechos sino a silenciar a una abogada en ejercicio legítimo de su profesión, obstaculizar una querella adhesiva en una causa penal en curso y amedrentar a quien ha denunciado públicamente presuntas irregularidades judiciales. En este caso, además, se trata de un comunicador inscripto en la Asociación Internacional de Prensa, lo que agrava la dimensión del conflicto.
Una abogada en la mira por ejercer su defensa
Noelia Quintana Shaffer es una penalista de reconocida trayectoria, con formación académica en derecho constitucional y una presencia sostenida en el debate jurídico nacional. En los últimos meses, su participación en programas televisivos como C9N, Unicanal y SNT, donde analizó el caso Arámbulo desde una perspectiva estrictamente legal, alcanzó una amplia repercusión pública, con clips que superaron las 200.000 visualizaciones en Instagram.
Es precisamente esa exposición —afirman analistas citados por REALPOLITIK— la que habría motivado la denuncia presentada en su contra por la imputada Arámbulo, en lo que describen como un intento de censura indirecta, recurriendo a una legislación concebida para otros fines.
“El uso de la Ley 1.600 contra abogados defensores constituye una forma sofisticada de amordazamiento judicial incompatible con los Tratados Internacionales a los que la República del Paraguay suscribe”, señaló el director (r) de la ONU Omar Bula, en declaraciones reproducidas por el citado medio argentino. En la misma línea se expresaron Rubén Luengas, periodista estadounidense y doble ganador del Premio Emmy; la especialista en Seguridad y Narcotráfico Guadalupe Correa Cabrera (Banco Mundial); y Nicolás Martínez Lage, abogado y analista argentino, quienes advierten sobre un patrón de judicialización intimidatoria.
Un juzgado ya cuestionado y previamente recusado
El foco de preocupación no se limita al contenido de la denuncia. El escenario institucional donde se tramita resulta, para muchos observadores, aún más alarmante.
El Juzgado de Paz de San Roque ya fue recusado previamente en el marco de la causa por violencia doméstica sin pruebas que Antonella Arámbulo promovió contra Nicolás Morás luego de haber sido denunciada por hurto agravado de una importante suma de dólares de la caja fuerte personal del periodista.
En esa causa, Morás presentó grabaciones de audio que, según surge de la querella adhesiva, contienen una confesión expresa de Antonella Arámbulo, en la que la imputada reconoce el hecho, describe el modus operandi utilizado para sustraer el dinero y menciona la participación o conocimiento de terceras personas, extremos que forman parte del expediente judicial y se encuentran bajo análisis del Ministerio Público.
Según consta en la recusación, durante aquella audiencia el juez Rogerth Chaparro interrumpió la sustanciación de manera intempestiva, limitando el derecho de defensa del periodista. Posteriormente, el expediente recayó en manos de la jueza Elvira Franco, quien también fue recusada, entre otros motivos, por falta de imparcialidad y deficiencias procesales reiteradas.
Este antecedente convierte a la audiencia del martes en un punto crítico, ya que se trata del mismo juzgado cuya actuación anterior fue cuestionada por no respetar garantías básicas del debido proceso.
La denuncia contra el secretario judicial
La situación se agrava aún más por un hecho adicional: Noelia Quintana Shaffer denunció formalmente al secretario del juzgado, Rubén Ramírez, por comportamiento violento durante una instancia judicial.
De acuerdo con la denuncia, el episodio quedó registrado en video y cuenta con testigos presenciales, lo que añade un componente institucional de extrema gravedad. Para analistas jurídicos, resulta inédito que una abogada denuncie a un funcionario del mismo juzgado que ahora debe decidir sobre una denuncia en su contra.
Este punto —subrayan fuentes citadas por REALPOLITIK— coloca al Juzgado de Paz de San Roque bajo observación directa, no solo por el contenido del caso, sino por la conducta interna de sus funcionarios.
Subtítulo: La intervención de Quintana Shaffer en SNT se viralizó en Instagram, superando las 200.000 reproducciones.
Un caso testigo bajo observación internacional
La causa penal por hurto agravado que tiene como víctima a Nicolás Morás y como imputada a Camila Antonella Arámbulo Garibaldi dejó de ser un expediente ordinario para transformarse en un caso testigo sobre el uso abusivo del sistema judicial paraguayo. Denuncias instrumentales, obstrucción procesal, afectación del derecho constitucional a la defensa y una trama de influencias judiciales y policiales configuran un escenario de creciente preocupación local e internacional.
El expediente principal tramita como causa 2269/2025, “Antonella Arámbulo Garibaldi s/ Hurto agravado”, mientras que en paralelo se desplegó una sucesión de acciones colaterales que, según abogados y observadores, oscurecieron el proceso y vulneraron los derechos de la víctima. Esta acumulación de irregularidades encendió alertas sobre un patrón institucional que incentiva la impunidad y castiga al denunciante.
El caso escaló internacionalmente tras las declaraciones de Omar Bula Escobar, directivo conservador de la Organización de las Naciones Unidas, quien calificó el trato judicial hacia la imputada como una “perversión judicial”. Según consignó REALPOLITIK, Bula denunció un favoritismo escandaloso y destacó la gravedad inédita de la mordaza judicial impuesta contra Morás y su abogada defensora.
El 12 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024, advirtiendo que la situación de los derechos humanos en Paraguay no mostró mejoras significativas, con retrocesos en libertad de expresión, hostigamiento a la prensa y uso de leyes penales para intimidar periodistas.
A estas advertencias se sumaron los señalamientos del periodista Rubén Luengas y una columna del diario La Opinión, firmada por Guadalupe Correa Cabrera, que detalló la fuga internacional de Arámbulo a Europa tras una orden de captura, su posterior levantamiento, la pérdida de pruebas, los beneficios procesales concedidos y una reunión privada no declarada entre la imputada y el camarista Dionisio Frutos Serrati. Según REALPOLITIK, dicha reunión tuvo lugar en el Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo apenas 72 horas antes de la confirmación de medidas favorables, pese a cauciones manifiestamente inválidas, lo que el medio calificó como una irregularidad institucional grave.
Redes de influencia y actores señalados
Finalmente, REALPOLITIK afirmó que tres fuentes judiciales reconstruyeron intentos de influencia por parte del abogado David Boción Samudio, expareja de Arámbulo. El medio indicó que Boción intentó acceder a la carpeta fiscal del caso de Hurto sin ser parte formal del proceso.
Según consignó el portal argentino, Boción Samudio se desempeña profesionalmente en el estudio jurídico Turbaux, Fuchs & Zorraquín, especializado en cobros ejecutivos, un fuero cuya tramitación se concentra mayoritariamente en los juzgados de Paz, lo que explica su presencia habitual y conocimiento operativo de este tipo de tribunales. A ello se suma que es vicepresidente de la inmobiliaria Monte Alpino.
REALPOLITIK destacó además el rol de su padre, Roger François Michel Boción, empresario ganadero e inmobiliario de ciudadanía suiza, quien fue requerido como testigo en la causa por hurto y que cumplió prisión domiciliaria en el pasado en Asunción, patrocinado por el mismo estudio jurídico donde actualmente trabaja su hijo.
Para el consenso de medios de comunicación nacionales e internacionales, la acumulación de denuncias instrumentales, beneficios procesales cuestionados, reuniones privadas no declaradas, pérdida de pruebas, intentos de influencia y antecedentes sensibles del entorno de la imputada convierte al caso Arámbulo–Morás en una prueba crítica para el Estado de derecho en Paraguay, hoy bajo observación internacional sostenida.
