La falta de acceso a la información pública en la Municipalidad de Villa Elisa volvió a quedar en el centro del debate luego de que la Justicia hiciera lugar a una acción de amparo constitucional y ordenara a la administración municipal entregar documentación solicitada por ciudadanos, al considerar que se trata de información de carácter público.
La acción fue promovida por integrantes del Movimiento Lista 2026, quienes sostienen que agotaron previamente todas las instancias administrativas previstas en la Ley N.° 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental antes de acudir a los tribunales.
Según informó el movimiento, el juzgado competente resolvió hacer lugar al amparo y dispuso que la Municipalidad proporcione la documentación requerida, reafirmando que el acceso a esa información constituye un derecho de la ciudadanía y una obligación legal para las instituciones públicas.
Entre los documentos cuya entrega fue ordenada figuran antecedentes relacionados con el parque automotor municipal, adquisiciones de equipos informáticos, contrataciones de personal, honorarios profesionales, consultorías, auditorías, programas sociales, la construcción del Polideportivo Municipal Estanislao Frutos Rodríguez y el contrato suscrito con la empresa recolectora de residuos Ecototal S.A., además de otros antecedentes administrativos, financieros y técnicos vinculados a la gestión municipal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en varias administraciones públicas: la resistencia a proporcionar información que, por ley, debe estar disponible para la ciudadanía. Especialistas en transparencia sostienen que el acceso oportuno a documentos públicos constituye una herramienta esencial para el control ciudadano, la prevención de hechos de corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Desde el Movimiento Lista 2026 afirmaron que recurrieron al Poder Judicial únicamente después de no obtener respuesta por las vías administrativas, situación que, a su criterio, refleja una preocupante falta de apertura institucional.
La resolución judicial también reabre el debate sobre la necesidad de que las municipalidades adopten una política de transparencia activa, publicando de manera permanente información sobre contrataciones, ejecución presupuestaria, uso de recursos públicos y decisiones administrativas, evitando que los ciudadanos deban recurrir a acciones judiciales para ejercer un derecho reconocido por la legislación paraguaya.
Para diversos sectores de la sociedad civil, cuando la entrega de información pública depende de una orden judicial y no del cumplimiento espontáneo de la ley, se evidencia una debilidad en los mecanismos de transparencia y en la relación de confianza entre las autoridades y la ciudadanía. El caso de Villa Elisa se suma así a las discusiones sobre la importancia de fortalecer la cultura de acceso a la información y de consolidar la rendición de cuentas como un principio básico de la gestión pública.
