Bajo el disfraz de un «acto de reparación institucional», el proyecto de ley que pretende crear el Fuero Agrario y Ambiental (Expediente D-2591318) no es más que un caballo de Troya cargado de una burocracia asfixiante y amenazas directas contra la propiedad privada. Mientras el sector agroganadero se mantiene como el único y verdadero sostén de la economía paraguaya, la clase política responde con una estructura judicial diseñada para criminalizar la producción y dilatar los derechos patrimoniales.
En primer lugar, el costo para el erario público es un despropósito que el contribuyente no debe tolerar. El proyecto estipula la creación de un Juzgado y un Tribunal en cada Circunscripción Judicial del país. Estamos hablando de una expansión masiva de la estructura del Estado, cuya financiación quedará atada a la Ley de Presupuesto General de la Nación, distrayendo recursos vitales para otras áreas con tal de sostener una nueva casta de magistrados, actuarios y peritos técnicos.
Lo más alarmante es la intromisión de «organizaciones sociales» en el proceso. El proyecto de Ley admite sin tapujos que el proyecto fue elaborado con la participación de estos grupos y que el nuevo fuero «coordinará» con ellos para fortalecer el supuesto acceso a la justicia. Esta apertura a actores externos y agendas ideologizadas representa un peligro inminente: se le otorga voz y voto a quienes, históricamente, han hostigado al productor agroganadero, facilitando que intereses ajenos al campo interfieran en la gestión de la tierra.
La seguridad jurídica, pilar fundamental para el desarrollo, queda herida de muerte por varios flancos:
• La trampa de la «Función Social»: El proyecto utiliza el concepto de la «función social de la propiedad» (Art. 109 de la Constitución) no para proteger al dueño, sino como una herramienta para que el Estado pueda restringir o prohibir actividades calificadas discrecionalmente como peligrosas.
• Justicia «Restaurativa» y Persecutoria: Se pretende que este fuero imponga sanciones con un «enfoque restaurativo», lo que abre la puerta a multas e indemnizaciones arbitrarias que podrían quebrar a cualquier productor antes de que se demuestre un daño real.
• Medidas Cautelares Paralizantes: El fuero tendrá la potestad de aplicar medidas cautelares sobre «ecosistemas vulnerables», una terminología lo suficientemente ambigua como para paralizar fincas enteras y detener la producción por simple sospecha o presión de terceros.
• Delación Obligatoria: El Artículo 9º impone a toda persona la obligación de denunciar cualquier supuesta violación ambiental, incentivando una industria de la denuncia que solo generará caos y judicialización innecesaria en el campo.
No podemos permitir que se castigue al que trabaja. Este proyecto busca centralizar el tratamiento de causas rurales bajo una óptica que prioriza compromisos internacionales y dogmas ambientales por encima del derecho constitucional a la propiedad privada. El Paraguay necesita seguridad para sus productores, no un nuevo sistema judicial diseñado para asediar al campo y malgastar el dinero del pueblo. Es hora de que el Congreso rechace este atentado contra la libertad económica.
