El Congreso Nacional puso bajo la lupa el millonario fideicomiso constituido entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Atlas, y lo ubicó entre sus prioridades de control para el inicio del 2026. La preocupación central gira en torno al destino de los recursos aportados por trabajadores y empleadores, utilizados para financiar obras de infraestructura en salud (hospitales fantasmas) que, en varios casos, permanecen inconclusas y rodeadas de una preocupante falta de claridad administrativa.
Mediante la Resolución Nº 1611, la Cámara de Senadores solicitó formalmente informes al Consejo del IPS sobre la situación actual del fideicomiso administrado por el Banco Atlas, amparándose en el artículo 192 de la Constitución Nacional y en la ley que regula los pedidos de informes, lo que otorga carácter obligatorio a la respuesta.
El pedido incluye detalles sobre el estado del fideicomiso, el destino de los fondos, las auditorías realizadas y las acciones adoptadas frente a eventuales incumplimientos contractuales.
Según el esquema del contrato, el IPS transfirió al Banco Atlas una suma millonaria para que la administre con un fin específico. Sin embargo, ante indicios de que los recursos no habrían sido utilizados conforme a lo previsto, el Senado busca esclarecer qué ocurrió con ese dinero. En una nota de respaldo a la Resolución 1611, la Presidencia del Congreso advierte que cerca de 900.000 millones de guaraníes podrían haber sido mal gerenciados, generando un posible perjuicio patrimonial para los asegurados.
Uno de los puntos más sensibles señalados por los legisladores es la presunta falta de pago de intereses, lo que habría agravado el daño económico al sistema previsional. En ese contexto, el Senado consulta qué acciones administrativas, civiles o penales se impulsaron para resguardar los intereses del IPS, si se evalúa la remoción del fiduciario y si se realizaron denuncias ante el Banco Central del Paraguay.
En paralelo, a través de la Resolución Nº 1612, la Cámara Alta también solicitó informes al Banco Central del Paraguay sobre el fideicomiso administrado por el Banco Atlas. Entre los puntos requeridos figuran la existencia de investigaciones en curso, eventuales sumarios administrativos, posibles sanciones aplicadas al banco y el estado del proceso de fusión entre el banco Atlas y el banco Familiar.
La documentación analizada por el Congreso menciona, además, que existen antecedentes de investigaciones penales abiertas contra autoridades del Banco Atlas en otras causas, lo que refuerza la necesidad de determinar si en este fideicomiso se configuraron conductas que puedan encuadrarse como hechos punibles, tanto por parte de funcionarios públicos como de directivos privados.
De acuerdo con los antecedentes, el IPS ya habría presentado denuncias ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Los pedidos de informe impulsados por el Senado buscan complementar esas actuaciones, reunir información clave y establecer responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales.
Más allá de los aspectos técnicos del contrato, lo que está en juego es el uso de fondos públicos que pertenecen a los asegurados del sistema previsional. El Congreso apunta a determinar si el fideicomiso con el Banco Atlas cumplió efectivamente con el objetivo para el cual fue creado, quiénes tomaron las decisiones determinantes y qué controles se ejercieron, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la gestión de los recursos del IPS y la obligación del Estado de protegerlos.
