En un encendido discurso ante miles de seguidores congregados en la histórica plaza Vauban, junto a Los Inválidos, la líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, denunció lo que considera una “persecución judicial con motivación política”, tras la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos durante cinco años.
“No ha sido una decisión de la Justicia, ha sido una decisión política”, afirmó con firmeza Le Pen, quien se mostró arropada por una multitud movilizada en defensa de lo que califican como una violación al Estado de derecho. La excandidata presidencial denunció que la sanción busca “eliminarla de la vida política” antes de las elecciones presidenciales de 2027, a las que se perfilaba como una de las principales favoritas.
Según las últimas encuestas de Elabe para BFMTV-La Tribune Dimanche, si hoy se celebraran elecciones en Francia, el partido de Le Pen sería el más votado, relegando a un posible candidato del oficialismo macronista al segundo lugar. La popularidad creciente de la Agrupación Nacional ha generado una reacción institucional que muchos observadores y ciudadanos interpretan como un intento de neutralizar al principal liderazgo opositor.
Le Pen recordó que esta clase de ataques no es un hecho aislado en Europa, y citó el caso del vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, como ejemplo de cómo se ha utilizado el poder judicial para frenar a los líderes de derecha nacionalista en el continente.
“Estamos viendo cómo el Estado de derecho y la democracia están siendo despreciados. No es un caso personal, es una alerta para todos los que creen en la libertad, en el pluralismo y en la soberanía popular”, expresó ante una audiencia vibrante, entre banderas tricolores y pancartas que reclamaban justicia.
La decisión de la inhabilitación, que fue ejecutada de manera inmediata y sin posibilidad de recurso hasta 2026, año en que se evaluará una posible apelación, genera fuertes cuestionamientos en sectores políticos y sociales, que advierten sobre el riesgo de convertir a Francia en un régimen donde la competencia política se decide en los tribunales y no en las urnas.
