Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Verónica Valdez solicitaron la aplicación de medidas disciplinarias contra la defensa técnica del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, durante la audiencia de reposición con apelación en subsidio. Los representantes del Ministerio Público argumentaron que se ha incurrido en un notorio ejercicio abusivo del derecho, buscando dilatar el proceso judicial en curso.
La diligencia se llevó a cabo en el marco de la causa que investiga el supuesto desvío de 306 millones de guaraníes en el caso Tajy Servicios Generales. La carpeta fiscal indaga un presunto perjuicio patrimonial a la comuna esteña mediante la compra de insumos para la elaboración de panificados destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, tanto Prieto como otros procesados en esta causa habrían ocasionado un perjuicio económico de 306.188.500 guaraníes a las arcas municipales, a través del pago a la mencionada empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
El abuso de las herramientas procesales en el ámbito judicial no solo obstaculiza la acción de la justicia, sino que también genera una percepción de impunidad en la sociedad. Las llamadas “chicanas legales” se han convertido en un recurso recurrente para evitar que los casos de corrupción lleguen a instancias de condena efectiva, afectando gravemente la credibilidad del sistema judicial y prolongando innecesariamente los procesos. Es fundamental que los operadores de justicia apliquen medidas ejemplares para evitar que estas prácticas continúen socavando la confianza pública en las instituciones.
