La «Misión Internacional de Determinación de los Hechos» en Venezuela, compuesta por 3 expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó en Ginebra su informe sobre casos de represión cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, desde septiembre de 2024, hasta la fecha. Durante el debate, un diplomático venezolano tomó fotos de las ONGs que intervinieron en las deliberaciones, espionaje desacostumbrado en Ginebra.
Los expertos dieron cuenta que «el Consejo Nacional Electoral, nunca publicó ni el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa… con el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024». Revelaron que «miembros» de ese Consejo, «recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas».
«Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos civiles» presumiblemente «colectivos». «Se registraron situaciones violatorias de los derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias». Todo esto bajo la responsabilidad de Diosdado Cabello, un ex militar, nombrado Ministro del Interior, quien dirige «el centro del aparato represivo … y continua amenazando públicamente a personas opositoras».
Los expertos han investigado «las muertes en protestas». Entre ellas «las de 4 personas cuando estaban bajo custodia del Estado. Tres habían sido detenidas entre el 29 de julio y el 2 de agosto y sus muertes se produjeron en noviembre y diciembre. La cuarta persona fue detenida en enero de 2025 y murió en febrero. Todas estas muertes se debieron a complicaciones de salud de las personas fallecidas». A la ONU no le consta que el gobierno «haya iniciado alguna investigación».
Al tiempo, «la Misión está investigando la muerte de Edwin Santos, miembro del partido Voluntad Popular en el estado de Apure, que apareció sin vida el 25 de octubre». El gobierno dijo que «se trató de un accidente de transito», y amenazó con abrir una «investigación penal contra cualquiera que contradijese esta versión. La familia denunció públicamente de haber recibido información de que Santos había sido detenido el 23 de octubre» y la Misión «está corroborando varios elementos que cuestionan la posición oficial de este caso».
Por otra parte, la Misión informó que «la Fiscalía chilena ha avanzado en sus investigaciones sobre el secuestro, tortura, y muerte del teniente Ronald Ojeda en territorio chileno en febrero de 2024″, con las detenciones de 6 miembros de una «banda delictiva denominada «Los Piratas» que actúa en Chile «como una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua».
La Fiscalía estableció que uno de los detenidos «identificó a Diosdado Cabello como la persona que ordenó la acción contra Ojeda».
Asimismo, la Misión enumeró que «entre septiembre y diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad y de inteligencia detuvieron a 42 personas opositoras o percibidas como tales, entre las cuales se encuentran dirigentes, activistas políticos y 14 periodistas». A su vez, de acuerdo con «fuentes no gubernamentales, durante la primera quincena de enero se detuvieron 84 personas, incluyendo 2 dirigentes de organizaciones sociales y una persona con discapacidad». Se agregan las detenciones de Carlos Correa, presidente de la ONG Espacio Público, Enrique Marquez, excandidato presidencial por el Partido Centrados, Angel Godoy, del Movimiento Democracia e Inclusión, y Raul Tudares, yerno de Edmundo González, presidente exilado.
Se cumple un año «desde que seis personas se salvaguardaron en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas, donde se les concedió asilo. Una de estas personas falleció en su domicilio a causa de una enfermedad, el 26 de febrero de ese 2025. A la fecha el gobierno no ha concedido los salvoconductos necesarios para salir del país a las 5 personas restantes, que siguen soportando condiciones de acoso, incluidas restricciones de acceso a servicios básicos».
«En febrero de 2025, el Presidente Maduro informó» la detención de «más de 150 personas extranjeras, caracterizándolas de mercenarios, sobre todo en los estados venezolanos fronterizos con Colombia, así como en Caracas, entre septiembre de 2024 y enero de 2025, principalmente de nacionalidad colombiana y estadounidense. La mayoría no ha tenido acceso a comunicarse con una oficina consular o misión diplomática. El gobierno ha ignorado solicitudes de consulados y misiones», al respecto, pero accedió a liberar a 6 estadounidenses luego de recibir a un enviado diplomático de Washington, el pasado 31 de enero de 2025.
Según datos oficiales, 2006 personas detenidas durante las protestas han sido excarceladas. Sin embargo, las ONGs solo contabilizan 1.284. La mayoría de niños, niñas y adolescentes entonces detenidos habrían sido liberados, «solo quedan tres adolescentes varones privados de libertad». La mayoría de los absueltos estuvieron en los centros de reclusión de Tocaron y Tocuyito, sobre los cuales «pesan medidas cautelares alternativas de detención preventiva», que no habrían sido debidamente notificadas, generando incertidumbre en los ex-detenidos. La ONU constata que la metodología de escarmiento para los detenidos con posterioridad a las elecciones presidenciales «fueron seguidas de periodos prolongados de incomunicación y desapariciones forzadas, principalmente de corta duración». Se reitera así castigos ya observados con anterioridad, al igual que el paso por «centros clandestinos de detención», o «casas de seguridad», antes de ser conducidos a centros oficiales de detención.
El marco jurídico en Venezuela «sigue restringiendo el espacio cívico y democrático», con la entrada en vigor de la Ley sobre las ONGs, junto a la Ley contra el Bloqueo Imperialista, que «permiten una aplicación discrecional restrictiva de los derechos y libertades con penas de prisión de hasta 60 años». Para la Misión, Venezuela sigue «cometiendo el delito de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en relación con el delito de encarcelamiento y privación grave de la libertad física».
Pudo finalmente saberse que el embajador venezolano en Ginebra, tomó fotografías a personas presentes durante las intervenciones de las ONGs, justo antes de la presentación del informe el 18 de marzo pasado. «Exactamente eso sucedió», confirmó la Misión de Establecimiento de los hechos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene prohibido la toma de fotografías y videos por particulares, solo los fotógrafos y técnicos acreditados pueden hacerlo.
El 21 de marzo siguiente, durante la realización de un evento paralelo sobre Venezuela organizado por las ONGs, entre ellas la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE), en la Sala XXV del Palacio de las Naciones en Ginebra, un diplomático venezolano fue emplazado a retirarse por grabar el evento y tomar fotografías de los participantes. Resultó «muy intimidante sobre todo para periodistas y ONGs, realmente un horror», declaró un embajador. Estuvieron presentes Argentina, Inglaterra, Holanda, Paraguay y China».
Desde Ginebra, Juan Gasparini – Perfil
