Este martes, el Reino Unido liberó a 2.000 presos de diversas cárceles, entre ellos agresores sexuales, pese a la promesa del gobierno laborista (izquierda) de Keir Starmer de que solo saldrían convictos por delitos menores. Además, se ha anunciado que en los próximos días serán liberadas otras 1.700 personas, atribuyendo la medida al «colapso» generado por la administración anterior.
Lo más alarmante es que muchos de los liberados ni siquiera han cumplido la mitad de sus condenas, mientras que los patriotas que protestaron el mes pasado, tanto en las calles como en redes sociales, por el asesinato de tres niñas, están siendo objeto de una persecución sin precedentes.
Nicole Jacobs, delegada sobre abuso doméstico del gobierno británico, ha sido una de las voces más críticas contra esta reforma, advirtiendo que gran parte de los liberados son abusadores domésticos, lo que dejará a sus víctimas en una situación vulnerable. «Muchas de las víctimas de abuso doméstico, cuyas parejas han sido liberadas, ni siquiera serán notificadas ni recibirán apoyo», denunció Jacobs.
Entre los casos conocidos de esta liberación se encuentran el de un hombre detenido por romperle la mandíbula a su novia y otro que atacó brutalmente a su pareja mientras la humillaba verbalmente.
El sistema de justicia británico atraviesa un colapso sin precedentes. Tom Wheatley, presidente de la Asociación de Gobernadores de Prisiones, advirtió que las cárceles podrían volver a estar abarrotadas en menos de un año, especialmente con la llegada de nuevos reclusos, tras las protestas patriotas luego del apuñalamiento en Southport.
Paralelamente, los esfuerzos por desmantelar las redes criminales responsables de los cruces ilegales por el Canal de la Mancha enfrentan grandes dificultades. La Agencia Nacional contra el Crimen, que lidera la estrategia de inmigración ilegal del gobierno de Starmer, está en una situación crítica debido a la falta de recursos para abordar la magnitud del problema.
