El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) trabaja en una profunda transformación del sistema utilizado para registrar y validar títulos académicos, con la incorporación de herramientas de ciberseguridad, controles automatizados y mecanismos de auditoría que permitan garantizar la integridad de la información.
La iniciativa surge luego de la detección de irregularidades relacionadas con el ingreso y la validación de documentos académicos, situación que llevó a las autoridades a plantear una plataforma con mayores niveles de control y trazabilidad.
El viceministro de Educación Superior y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Hermenegildo Cohene, adelantó que el objetivo es poner en funcionamiento el nuevo Registro Nacional de Títulos Académicos antes de finalizar el año.
La propuesta contempla reorganizar e integrar los sistemas que actualmente utilizan el MEC y el Registro Único de Educación Superior (RUES), bajo una arquitectura diseñada para detectar cualquier intento de alteración de los datos almacenados.
Blockchain para garantizar la trazabilidad
Uno de los elementos centrales del proyecto será la incorporación de tecnología DLT (Distributed Ledger Technology), conocida ampliamente como blockchain.
El sistema utilizará registros criptográficos y sellos de tiempo que permitirán dejar constancia de cada operación realizada sobre la plataforma, desde la carga de información hasta las firmas y eventuales modificaciones.
De esta manera, las autoridades buscan que cualquier alteración pueda ser detectada posteriormente y sometida a una auditoría, incluso cuando en el proceso intervengan diferentes instituciones.
El objetivo es establecer una trazabilidad completa del título académico, desde el momento en que es emitido por la universidad hasta su incorporación al registro oficial.
Cada institución tendrá una función definida
El nuevo modelo también prevé una separación más clara de responsabilidades para reducir los riesgos dentro del proceso.
Las universidades serán responsables de emitir los títulos, mientras que el MEC tendrá a su cargo la verificación de la documentación. Una instancia específica será responsable de realizar la firma digital definitiva.
A esto se sumará un sistema público de verificación electrónica, mediante el cual ciudadanos, empresas, organismos e instituciones educativas podrán comprobar directamente la autenticidad de un título.
La herramienta busca reducir la dependencia de procedimientos manuales y facilitar la comprobación de los documentos mediante un mecanismo digital accesible.
Alertas ante movimientos sospechosos
El sistema también incorporará mecanismos automatizados para identificar comportamientos que puedan resultar inusuales dentro de la plataforma.
Entre las situaciones que podrían activar alertas figuran operaciones realizadas fuera de los horarios habituales, volúmenes atípicos de documentos cargados, registros con fechas anteriores a la operación y accesos efectuados desde direcciones no autorizadas.
La intención es que el sistema no se limite a almacenar información, sino que también pueda identificar patrones anómalos y generar señales de alerta para facilitar controles posteriores.
Auditoría independiente
Otro componente de la propuesta apunta a fortalecer los controles externos. De acuerdo con lo planteado por el viceministro Cohene, organismos como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público podrían disponer de acceso directo y en tiempo real a los registros.
La medida permitiría que las auditorías se realicen de manera independiente, sin que los organismos de control tengan que depender exclusivamente de la unidad responsable de administrar la plataforma.
Con esta arquitectura, el MEC busca avanzar hacia un sistema en el que cada operación quede registrada, pueda ser rastreada y eventualmente sometida a verificación.
La reforma se integra además a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior 2050, que plantea metas relacionadas con la permanencia, la retención y la equidad dentro del sistema universitario.
Más allá de modernizar el procedimiento de registro, el proyecto apunta a construir una infraestructura digital capaz de reducir el margen para la manipulación documental, fortalecer la confianza en los títulos expedidos por las instituciones educativas y mejorar los mecanismos de control sobre todo el sistema de educación superior.
