La credibilidad de las democracias no se mide cuando las reglas benefician a quienes gobiernan, sino cuando esas mismas reglas protegen también a quienes pierden el poder. Es precisamente allí donde el caso húngaro comienza a plantear interrogantes que Europa ya no puede responder con el silencio.
Tras el cambio de gobierno en Budapest, el país atraviesa un acelerado proceso de reformas institucionales que, para numerosos sectores políticos y organizaciones defensoras del Estado de derecho, comprometen seriamente el equilibrio de poderes que caracteriza a toda democracia constitucional.
Lo llamativo no es únicamente la naturaleza de las reformas. Lo verdaderamente preocupante es la reacción de Bruselas.
Durante años, la Unión Europea congeló miles de millones de euros destinados a Hungría argumentando que el gobierno de Viktor Orbán estaba deteriorando el Estado de derecho. Sin embargo, apenas producido el cambio político, la Comisión Europea decidió desbloquear aproximadamente 16.000 millones de euros, mientras el nuevo gobierno impulsa modificaciones constitucionales e institucionales que hoy generan fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera del país.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Si durante años el respeto a las instituciones fue presentado como un requisito innegociable para acceder a fondos europeos, ¿por qué ese estándar parece flexibilizarse cuando gobiernan dirigentes alineados con Bruselas?
Entre las reformas más controvertidas figura la remoción del presidente de la República sin recurrir al procedimiento tradicional de impeachment. Hasta ahora, el sistema constitucional húngaro contemplaba un mecanismo específico para destituir al jefe de Estado, con intervención parlamentaria y control del Tribunal Constitucional. Ese procedimiento constituye una garantía para evitar que las mayorías circunstanciales utilicen el poder político para desplazar autoridades sin los controles previstos por la propia Constitución.
La nueva estrategia rompe con esa lógica y también genera preocupación la introducción de un límite de doce años para el ejercicio del mandato parlamentario. Aunque presentada como una medida de renovación política, sus efectos recaen principalmente sobre dirigentes opositores con amplia trayectoria, mientras la nueva mayoría parlamentaria está integrada casi exclusivamente por figuras que recién inician su actividad legislativa.
La igualdad ante la ley exige que las reglas sean generales, impersonales y orientadas al futuro. Cuando una norma parece diseñada para producir consecuencias inmediatas sobre determinados actores políticos, el debate deja de ser jurídico y pasa a ser institucional.
Las críticas formuladas por organizaciones como Human Rights Watch apuntan precisamente en esa dirección. Cuestionan la rapidez del proceso legislativo, el carácter retroactivo de algunas disposiciones, la escasa consulta pública y la sustitución de mecanismos constitucionales por procedimientos extraordinarios que debilitan los controles democráticos.
Más allá de las discusiones técnicas sobre su constitucionalidad, el problema de fondo es otro, porque la democracia liberal no consiste únicamente en ganar elecciones, consiste también en aceptar límites al ejercicio del poder.
Los mecanismos de control existen precisamente para impedir que una mayoría circunstancial utilice su fuerza parlamentaria para alterar las reglas de competencia política en beneficio propio.
Resulta igualmente preocupante el contraste con la actitud de la Unión Europea. Quienes durante años exigieron a Hungría estándares rigurosos de institucionalidad hoy parecen observar con llamativa indulgencia reformas que, de haberse producido bajo el gobierno anterior, probablemente habrían desencadenado nuevas sanciones, procedimientos de infracción y el congelamiento de recursos comunitarios.
Ese doble estándar erosiona la autoridad moral de las instituciones europeas y las reglas dejan de percibirse como principios universales y comienzan a interpretarse como herramientas aplicadas según la conveniencia política del momento.
Europa no puede exigir respeto al Estado de derecho únicamente cuando gobiernan dirigentes que le resultan incómodos y relativizar esos mismos principios cuando los cambios favorecen a gobiernos políticamente más cercanos a Bruselas.
La fortaleza de una democracia se mide por la neutralidad con la que aplica sus reglas, no por la afinidad ideológica de quienes las administran.
Porque cuando el Estado de derecho deja de ser un principio y se convierte en un instrumento político, lo que termina debilitándose no es un gobierno determinado, es la democracia misma.
