El debate sobre el futuro del Parque Nacional Médanos del Chaco volvió a instalarse con fuerza en el Congreso Nacional y expuso, una vez más, el choque entre dos modelos completamente opuestos: uno que apuesta al desarrollo, la soberanía energética y la generación de oportunidades para el Chaco paraguayo, y otro impulsado por sectores ambientalistas y ONG que históricamente se opusieron a cualquier proyecto productivo en la región.
El diputado José Rodríguez, principal impulsor del proyecto de modificación de la Ley Nº 5723/2016, defendió la iniciativa que busca habilitar la exploración y eventual explotación controlada de recursos energéticos y minerales dentro del área protegida.
Según sostuvo, existen indicios técnicos sobre la presencia de gas natural en la zona, recurso que podría resultar estratégico para el futuro energético del país, especialmente ante el escenario de déficit que Paraguay podría enfrentar entre los años 2027 y 2028.
Rodríguez cuestionó además la postura adoptada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), señalando que la institución “se apuró” en emitir un dictamen contrario al proyecto sin abrir previamente un debate técnico más amplio ni escuchar a las comunidades afectadas.
“A toda explotación se le puede hacer mitigación”, afirmó el legislador, quien insistió en que la discusión debe darse con criterios científicos, energéticos y económicos, y no únicamente desde posiciones ideológicas alejadas de la realidad social del Chaco.
El parlamentario también planteó la necesidad de realizar audiencias públicas para analizar el proyecto de forma integral y debatir el impacto que tendría sobre el desarrollo regional, el empleo y la infraestructura.
Uno de los puntos más sensibles del debate tiene relación con la situación de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables del Chaco, muchas de las cuales continúan viviendo en condiciones de extrema precariedad pese a décadas de discursos ambientalistas y millonarios programas de cooperación internacional.
“No podemos seguir pensando en que las comunidades indígenas no tengan vestimenta, agua potable, vivienda ni tecnología”, expresó Rodríguez, en referencia al abandono estructural que todavía persiste en amplias zonas de la región occidental.
El proyecto generó una inmediata reacción de sectores ambientalistas y figuras vinculadas a organizaciones internacionales. El periodista uruguayo Maximiliano Manzoni, referente de plataformas enfocadas en activismo climático y ambiental, cuestionó públicamente la iniciativa y vinculó el proyecto con futuros desarrollos energéticos y tecnológicos relacionados a gasoductos, datacenters de inteligencia artificial y minerales críticos.
A las críticas también se sumó la diputada Johana Ortega, quien anunció que impulsará un dictamen de rechazo desde la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, desde sectores favorables al proyecto consideran que muchas de las voces que hoy se oponen a cualquier tipo de explotación de recursos naturales mantienen una visión profundamente centralista y desconectada de las necesidades reales de la población chaqueña.
También cuestionan el rol de ciertas ONG internacionales que, bajo discursos de conservación absoluta, terminan bloqueando inversiones, infraestructura y oportunidades de desarrollo para comunidades que siguen enfrentando pobreza, aislamiento y falta de servicios básicos.
En el entorno del proyecto sostienen que existe una contradicción evidente entre quienes hablan de derechos humanos y desarrollo sostenible desde oficinas urbanas o financiamientos internacionales, mientras miles de familias del Chaco continúan sin acceso pleno a agua potable, energía, caminos o empleo formal.
Los defensores de la iniciativa afirman además que Paraguay no puede darse el lujo de renunciar anticipadamente a recursos estratégicos que podrían fortalecer su soberanía energética, atraer inversiones y generar ingresos para el desarrollo nacional.
Actualmente, el proyecto legislativo continúa en trámite parlamentario. La iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, aunque todavía enfrenta resistencia dentro de sectores ambientalistas y parte de la oposición política.
Pese a las presiones, José Rodríguez adelantó que no retirará el proyecto y reiteró que el país necesita abrir una discusión seria sobre cómo utilizar responsablemente sus recursos naturales para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las poblaciones históricamente olvidadas del Chaco paraguayo.
