El caso que rodea al comunicador Bruno Masi suma nuevos elementos que incrementan las dudas en torno a su versión sobre la camioneta vinculada a Dalia López. Pese a su aparición pública en distintos medios para intentar aclarar los hechos, las explicaciones brindadas no habrían logrado despejar los cuestionamientos.
Masi sostiene que el vehículo hallado durante el allanamiento donde Dalia López fue capturada, fue vendido en julio de 2020. Sin embargo, surgen inconsistencias que abren interrogantes tanto en el plano documental como fiscal.
De acuerdo a datos disponibles, la firma Cerebro S.A., propiedad de Masi, declaró en ese mismo mes un movimiento de apenas G. 4.500.000, una cifra que resulta llamativamente baja si se tiene en cuenta el valor estimado del vehículo, superior a los 60.000 dólares. En ese contexto, el periodista Ricky Alderete, de “La Tribu”, afirmó que tiene confirmación de que la DNIT abriría una fiscalización ante la eventual no declaración de la operación.
A esto se suma otro punto clave: tratándose de una sociedad anónima, la venta de un activo de ese valor requiere autorización del directorio y documentación respaldatoria. Hasta el momento, no se han exhibido públicamente actas, contratos ni comprobantes que certifiquen la supuesta transacción.
Tampoco hay claridad sobre la emisión de la factura correspondiente, requisito obligatorio en este tipo de operaciones. La ausencia de registros contables acordes refuerza las dudas sobre cómo se habría concretado la venta.
Otro elemento que complica el escenario es que el vehículo en cuestión se encontraba prendado por la firma Garden, lo que en principio limitaría su transferencia hasta la cancelación de la deuda. Pese al tiempo transcurrido, el rodado continúa figurando en el Registro Automotor a nombre de Cerebro S.A., cuyos titulares son Bruno Masi y su esposa María Luz Peña.
Además, trascendió que el supuesto comprador del vehículo sería una persona vinculada al entorno doméstico de Masi, lo que añade un componente adicional de sospecha sobre la operación.
Si bien por el momento, no existe una imputación formal contra el comunicador en relación a estos hechos, la acumulación de inconsistencias, la falta de documentación respaldatoria y las contradicciones en su versión ya no permiten hablar de simples dudas aisladas. El caso escaló a un nivel donde las explicaciones mediáticas resultan insuficientes frente a elementos concretos que exigen respuestas formales.
La posible intervención de la DNIT, el estado registral del vehículo y su aparición en el entorno de una prófuga de alto perfil configuran un escenario delicado que difícilmente pueda sostenerse sin consecuencias. A esta altura, no se trata de percepciones ni de interpretaciones: se trata de hechos que, de confirmarse, podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
El margen para las explicaciones públicas ya no existe. Lo que sigue no es mediático, es institucional.
