Un análisis basado en datos oficiales de la Municipalidad de Lambaré y procesado por el medio «Paraguay Data» expone un panorama preocupante sobre la estructura administrativa y financiera de la comuna, revelando desequilibrios presupuestarios, debilidad técnica del plantel y cuestionamientos éticos en la composición de su nómina.
El informe sostiene que el municipio maneja un presupuesto anual cercano a G. 108.743 millones —unos USD 16,5 millones— de los cuales el 38% se destina exclusivamente al pago de salarios, equivalente a más de G. 41.431 millones. Esta proporción, considerada elevada para estándares de gestión pública local, contrasta con las persistentes falencias urbanas que enfrenta la ciudad de Lambaré, como deterioro vial, deficiencia en desagües pluviales y ausencia de planificación territorial integral.
Uno de los aspectos más llamativos es la composición del plantel de 818 funcionarios. El estudio detecta una marcada desproporción entre cargos administrativos y técnicos: existen 319 empleados con la denominación genérica de “asistentes”, mientras que la estructura cuenta apenas con un arquitecto y dos ingenieros para atender las necesidades de infraestructura urbana. Esta relación evidencia, según el análisis, una organización institucional con escasa capacidad técnica para ejecutar proyectos de obras públicas o planificación.
El propio asesor financiero municipal reconoció la carencia de personal calificado, situación respaldada por los datos educativos de la nómina. El 87% de los funcionarios —714 personas— posee únicamente educación secundaria concluida. Solo 32 son estudiantes universitarios y apenas 30 cuentan con títulos profesionales en áreas como derecho o administración. Entre los perfiles especializados, el registro es mínimo: un médico, un odontólogo y un arquitecto para toda la institución.
El informe también plantea cuestionamientos éticos en ciertas contrataciones. Se menciona la presencia de figuras polémicas con salarios elevados, entre ellas un exintendente de la época de Stroessner contratado como asesor con remuneración de G. 7.000.000, y una excontadora vinculada en el pasado a una causa por desvío de G. 9.000 millones —aunque posteriormente sobreseída— que actualmente percibe más de G. 12 millones mensuales como asistente.
Otro elemento señalado es el crecimiento de la plantilla en un año preelectoral. Durante 2025 se registraron alrededor de 100 nuevos ingresos, incluidos jóvenes de 21 años con salarios superiores al mínimo legal, lo que refuerza las sospechas de uso político de la estructura administrativa.
Las críticas internas no se hicieron esperar. El concejal Daniel Molinas calificó el funcionamiento de la Junta Municipal como un sistema de “cupos” similar al que —según afirmó— opera en el Congreso, y aseguró tener certeza de la existencia de “funcionarios fantasmas” y “planilleros”.
En conjunto, los datos analizados dibujan el retrato de una administración que, lejos de priorizar la formación de un cuerpo técnico sólido, habría optado por expandir cargos administrativos y políticos, debilitando la capacidad institucional para enfrentar los problemas estructurales de la ciudad. El diagnóstico abre interrogantes sobre la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa del municipio, en un contexto donde las demandas ciudadanas por servicios básicos y obras siguen en aumento.
