Lo ocurrido con Jimmy Lai no es un hecho judicial: es un acto de escarmiento político. La condena a 20 años de prisión contra el magnate de medios de Hong Kong constituye la sentencia más dura aplicada bajo la llamada “ley de seguridad nacional”, un instrumento impuesto por Pekín para sofocar toda disidencia y liquidar, de manera definitiva, las libertades prometidas a la excolonia británica.
Lai, un empresario hecho a sí mismo, periodista por convicción y católico practicante, representa exactamente aquello que el régimen chino no tolera: un individuo libre que se niega a callar. A sus 78 años, tras más de cinco años bajo custodia —gran parte de ellos en confinamiento solitario—, su caso expone el verdadero rostro del poder chino: un régimen que castiga la palabra, persigue la fe y criminaliza la discrepancia. Mientras Pekín habla de “estabilidad”, encierra a un anciano en una celda con una mínima ventana a un pasillo, confiando en quebrar su espíritu. No lo logró. Su fe, según su entorno, fue un sostén moral frente a la maquinaria represiva del Estado.
La historia de Lai es inseparable de los grandes abusos del Partido Comunista Chino. Fue el propio régimen de Pekín el que lo empujó al periodismo tras las matanzas perpetradas por el Ejército Popular en la Plaza de Tiananmen en 1989. Aquel crimen fundacional marcó a una generación y dejó claro que, para el poder chino, la vida humana es prescindible cuando se interpone en el camino del control absoluto.
Cuando China tomó el control de Hong Kong en 1997, prometió solemnemente respetar amplias libertades bajo el modelo de “un país, dos sistemas”. Esa promesa hoy es papel mojado. La represión posterior a las protestas prodemocráticas de 2019 demostró que Pekín nunca tuvo intención de cumplir su palabra. Medios cerrados, opositores encarcelados, jueces alineados y una ley de seguridad nacional diseñada para silenciar, no para proteger. Hong Kong pasó de ser un faro de libertad en Asia a un territorio ocupado en términos políticos.
Durante su juicio, Jimmy Lai se negó a aceptar la farsa. Se definió, con justa razón, como un preso político. Por decirlo, fue reprendido por un juez que pretendía reducir el proceso a un simple “cargo penal”. Pero Lai insistió: tenía derecho a discrepar. Y ese derecho, precisamente, es el que el régimen chino busca erradicar.
Frente a este atropello, el silencio internacional es complicidad. Defender a Jimmy Lai es defender la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de los pueblos a no ser aplastados por regímenes autoritarios. Hong Kong es hoy la prueba viviente de los incumplimientos sistemáticos de China y de su desprecio por el derecho internacional y los compromisos asumidos.
Apoyar a Lai no es una cuestión ideológica menor: es tomar partido entre la libertad y la tiranía. Entre la palabra libre y el miedo. Entre la civilización y el autoritarismo que Pekín pretende exportar al mundo.
