El Tribunal de Apelación Especializado resolvió, por mayoría, revocar la desestimación de la denuncia penal contra el extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y ordenó al Ministerio Público continuar y agotar la investigación por un presunto perjuicio patrimonial que rondaría los G. 1,6 billones.
La decisión deja sin efecto el fallo dictado el 18 de agosto de 2025 por el juez Humberto Otazú, quien había admitido el pedido de desestimación formulado por la Fiscalía Adjunta. Dicho requerimiento se sustentó en un informe pericial y en un dictamen de la Contraloría General de la República, que concluían que no se habría configurado un daño económico al ente previsional.
Sin embargo, las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Luraghi consideraron que la resolución inicial no valoró de manera suficiente los medios probatorios disponibles ni las posibilidades aún abiertas para profundizar la pesquisa. En ese sentido, señalaron que corresponde agotar todas las instancias investigativas antes de cerrar una causa de esta magnitud, incluyendo auditorías internas y externas, así como la recolección directa de información dentro del IPS por parte de los agentes fiscales.
El Tribunal de Apelaciones Especializados en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, Primera Sala de la Capital, enfatizó que la complejidad del caso y el volumen del presunto daño denunciado exigen una investigación exhaustiva y no meramente formal, garantizando además la participación de la víctima dentro del proceso penal, conforme al sistema acusatorio vigente.
El camarista Gustavo Amarilla votó en disidencia, al sostener que el juez de primera instancia ya había remitido las actuaciones al Ministerio Público para que confirme o modifique su requerimiento. En su criterio, la acción penal corresponde exclusivamente a la Fiscalía, mientras que el rol del juez se limita al control de legalidad y a la dirección del proceso.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada en septiembre de 2023 por la Contraloría General de la República, tras detectar presuntas irregularidades durante la administración de Bataglia al frente del IPS. Según el informe, los hechos habrían ocurrido durante el ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, involucrando además a otras cinco personas y generando un supuesto perjuicio superior al billón de guaraníes.
Con esta resolución, el expediente regresa al Ministerio Público, que deberá continuar con la investigación y determinar si existen elementos suficientes para sostener una imputación formal o adoptar una nueva postura procesal, esta vez con todas las diligencias agotadas.
