El 01 de junio del 2001, en afán de luchar contra el narcotráfico y recuperar la certificación para Bolivia, el General Hugo Banzer promulgó el D. S. 26203. El objetivo central del decreto era terminar con las zonas de producción de coca excedentaria en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Además, se debía cerrar el Mercado de Coca, ubicado en la provincia cochabambina de Sacaba, pues no era un centro de comercialización de coca tradicional, sino, directamente, ligado al narcotráfico.
Evo Morales, usando su cargo de diputado en el Parlamento Nacional, intentó vetar el decreto; sin embargo, no pudo. Pero como el cocalero no es un político, sino el patrón de un cártel delictivo, pasó de la acción legislativa a la violencia callejera, su especialidad.
El 06 de enero del 2002, cuando los bolivianos todavía se recuperaban de la resaca de las fiestas decembrinas, cinco mil cocaleros rodearon Cochabamba. Su objetivo era impedir el cierre del Mercado de la Coca y abrogar el Decreto Supremo 26203.
El 15 de enero, las oficinas de la Dirección General de la Coca (DIGECO) son asaltadas y cerca de veinticinco vehículos son incendiados. Asimismo, se tiene que lamentar la muerte de los policías Willy Cartagena y Ely Pinaya.
El 16 de enero, debido a la violencia con la que actuaban los cocaleros, la Policía Militar ingresó en apoyo de la Policía Nacional. Casi de manera inmediata, el subteniente de ejército, Marcelo Trujillo y, el sargento de Policía, Antonio Gutiérrez son alcanzados por disparos de arma de fuego. En medio camino de su evacuación, los cocaleros interceptan la ambulancia y asesinan de manera cruel a ambos uniformados.
El 20 de enero, en la misa de cuerpo presente, el presidente Jorge Tuto Quiroga, que había tomado el mando producto de la renuncia y muerte de Banzer, se comprometió a aplicar todo el peso de la ley contra los autores de las muertes de los uniformados.
El 22 de enero, Carlos Sánchez Berzain, en ese momento, diputado del MNR, logró que la mayoría de los parlamentarios bolivianos aprueben el desafuero de Evo Morales. La idea era que el cocalero quede sin inmunidad parlamentaria para que responda ante la justicia por todas sus fechorías.
El 24 de enero, ante las amenazas de Evo y sus secuaces, la Iglesia Católica, a través de Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, convocó a un diálogo entre el gobierno y el sector cocalero. Uno esperaría que Tuto, que días antes afirmó: «no se dialoga con asesinos», no asistiría a la reunión, empero, se presentó.
Después de varias horas, Evo salió victorioso, pues el gobierno se comprometió a dejarlo en paz. Al momento de ser entrevistado, Tuto Quiroga dijo: «yo no seré responsable de una guerrilla en el Chapare». En resumen, Tuto negoció sus restantes seis meses de gobierno, una actitud muy pusilánime.
Si bien, Evo no logró recuperar su diputación, el hecho de no llevarlo ante la justicia le dio el tiempo para organizar grupos armados y planificar estrategias subversivas para seguir desestabilizando el país.
En octubre del 2003, ya en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los grupos subversivos, entre los que se encontraban los cocaleros del Chapare, los Guerreros del Agua en Cochabamba y los guerrilleros de Achacachi, que respondían a Felipe Quispe, ensangrentaron el país. Son de público conocimiento las declaraciones violentas de Quispe a medios de información, incluso dejó escrito en un libro sus claras intenciones de asesinar a Carlos Sánchez Berzain. La captura de Bolivia se logró ante la traición del vicepresidente, Carlos Mesa, que, en un afán de oportunismo, se puso del lado de los violentos.
Una vez consumado el golpe de Estado, Carlos Mesa visitó la ciudad de El Alto y se comprometió a cumplir la Agenda de Octubre, que incluía la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Sobre la Asamblea Constituyente, Carlos Sánchez Berzain, en su libro: La dictadura boliviana del Siglo XXI, explica:
Cuando Evo Morales llega a la presidencia pone en marcha la Asamblea Constituyente y ante la resistencia del pueblo en la zona de la Calancha producen una masacre y trasladan la Constituyente a un cuartel cerrado en Oruro. Esa Asamblea Constituyente desde el cuartel de Oruro envía una propuesta al Congreso, esa propuesta no tenía ni reelección ni Estado Plurinacional. Entonces se produce un acuerdo con la oposición para hacer una ley en al que se atribuyen los derechos del pueblo en donde dicen que el texto que reciban de la asamblea Constituyente puede ser revisado por el Congreso. La denominada Constitución del Estado Plurinacional se redacta en el Congreso por dos abogados españoles de la Universidad de Valencia, pagados por Cuba y Venezuela. Esta Constitución es una copia de las constituciones de Cuba y Venezuela donde se establece la reelección continua y se crea el Estado Plurinacional con 36 nacionalidades, que destruyen la nación.
En ese momento, los opositores eran, eureka, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.
El pasado 22 de enero, el Estado Plurinacional cumplió diecisiete años de vida. Como vemos, ese proyecto dictatorial que responde a una estructura de crimen transnacional con sede en La Habana, es un monstruo de varios padres, algunos en el oficialismo (Evo Morales y Álvaro García Linera) y otros en la falsa oposición (Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina).
