El Gobierno de Suiza ha decidido congelar los activos de 37 personas vinculadas al régimen de Venezuela, entre ellas el expresidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y varios integrantes de su entorno familiar y político, según una lista difundida por diversas fuentes a partir de investigaciones de Transparencia Venezuela y comunicaciones oficiales.
La medida fue adoptada por el Consejo Federal suizo el 5 de enero de 2026 bajo la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitamente Adquiridos por Personas Políticamente Expuestas Extranjeras (FIAA), y tiene vigencia inmediata por al menos cuatro años. Su objetivo es impedir la transferencia de fondos que podrían haber sido obtenidos de manera ilícita fuera del territorio suizo.
El congelamiento se produce poco después de la captura y extradición a Nueva York de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y corrupción en Estados Unidos. Suiza no ha divulgado públicamente el monto total de los activos bloqueados, citando normas de confidencialidad bancaria y la falta de datos oficiales disponibles.
Entre los nombres incluidos en la lista, además de Maduro y Flores, figuran sus tres hijos —Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores— y su sobrino Erick Malpica Flores, quien ejerció cargos financieros en la administración venezolana. También están presentes exfuncionarios como Jorge Arreaza, exvicepresidente y excanciller, y Marleny Contreras Hernández, exministra y esposa de Diosdado Cabello. Asimismo, aparecen antiguos ministros y ejecutivos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras instituciones del Estado.
La medida complementa las sanciones que Suiza mantiene vigentes contra Venezuela desde 2018 bajo la Ley de Embargo, que incluyen bloqueos de activos de personas políticamente expuestas. El Gobierno suizo ha explicado que si en el futuro procedimientos judiciales demuestran que estos fondos fueron adquiridos de forma ilícita, trabajará para que beneficien al pueblo venezolano.
Este paso se interpreta como parte de un endurecimiento del cerco internacional a figuras del chavismo, en un contexto de creciente presión diplomática y judicial, después de años de denuncias sobre corrupción y manejo de recursos públicos en Venezuela.
