En Paraguay, la política ha tendido históricamente a organizarse más alrededor de identidades cerradas que de proyectos nacionales. El país no solo ha discutido ideas o programas, sino que ha quedado atrapado en lógicas binarias que dividen a la sociedad en bandos irreconciliables: stronismo versus antistronismo, cartismo versus anticartismo, lopismo versus antilopismo. Más que simples etiquetas, estas categorías han funcionado como trincheras desde las cuales se interpreta toda la realidad política.
Este modo de hacer política produce un primer daño profundo: sustituye el debate racional por la adhesión emocional. No importa tanto qué se propone, sino de qué lado se está. Las políticas públicas dejan de evaluarse por sus resultados y pasan a juzgarse según su origen. Si la medida proviene del “enemigo”, se la rechaza automáticamente; si viene del propio bando, se la justifica aun cuando sea deficiente o perjudicial. Así, la lógica facciosa reemplaza al interés nacional.
Otro mal estructural es la imposibilidad de construir consensos duraderos. Un país que se mueve entre “con” y “anti” vive en un péndulo permanente. Cada gobierno intenta deshacer lo anterior no porque haya fracasado, sino porque fue hecho por el adversario. Esto genera políticas erráticas, falta de continuidad institucional y un Estado que nunca madura. Paraguay, en este esquema, vuelve a empezar una y otra vez, sin acumular experiencia ni aprendizajes.
La política binaria también degrada la calidad de la dirigencia. En lugar de líderes preparados para gobernar, se premia a los más combativos, a los que mejor encarnan el odio al otro bando. La confrontación se convierte en un capital político en sí mismo. El resultado es una dirigencia más preocupada por sostener su identidad facciosa que por resolver problemas concretos como la pobreza, la informalidad, la educación o la seguridad.
A esto se suma un efecto aún más peligroso: la deshumanización del adversario. Cuando la política se vive como una guerra moral, el que piensa distinto deja de ser un compatriota con otra visión y pasa a ser un obstáculo a eliminar. En ese clima, se normaliza el agravio, la sospecha permanente y la deslegitimación del otro. La democracia se vacía de contenido y se transforma en una disputa de poder sin reglas compartidas.
Esta lógica también inmoviliza a la sociedad. El ciudadano común queda atrapado en un relato que lo obliga a elegir bandos, pero no le ofrece soluciones. La frustración crece, la confianza en las instituciones cae y se instala la sensación de que el país está condenado a repetir sus conflictos en lugar de superarlos. Paraguay termina discutiendo su pasado de forma obsesiva, sin poder proyectar un futuro común.
Finalmente, la política del “pro” y el “anti” impide pensar un verdadero proyecto nacional. Ningún país progresa cuando su energía está concentrada en ajustar cuentas internas. El desarrollo requiere acuerdos básicos, continuidad, reglas claras y una visión compartida de hacia dónde ir. Mientras Paraguay siga atrapado en estas dicotomías, seguirá avanzando a medias, desperdiciando oportunidades y talentos.
Superar esta forma de hacer política no implica negar la historia ni borrar responsabilidades, sino dejar de vivir prisioneros de ellas. Significa pasar de la política identitaria a la política de resultados, del faccionalismo al bien común. Sin ese salto cultural y político, el país seguirá girando sobre sí mismo, discutiendo nombres y banderas, mientras los problemas reales permanecen intactos.
