El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que la propuesta de aumentar impuestos para financiar el déficit de la Caja Fiscal no es viable. Así lo afirmó el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, exministros de Hacienda, economistas y representantes de gremios de la producción.
La aclaración surge en respuesta a las propuestas de sectores de docentes, policías y militares, que plantean cubrir el desequilibrio del sistema mediante un incremento de tributos.
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El encuentro se desarrolló el miércoles en la sala de reuniones Paz del Chaco del Congreso Nacional y estuvo enfocado en la situación actual del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, así como en el proyecto de ley de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo y actualmente en estudio en el Poder Legislativo.
Durante la reunión, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, integrante del equipo técnico que acompañó al viceministro González Soley, presentó un análisis de la situación de la Caja Fiscal, sus proyecciones financieras y las medidas contempladas en el proyecto de ley. En ese contexto, reiteró que la suba de impuestos no puede considerarse una opción de reforma sostenible.
“Hicimos una estimación basada en las propuestas de estos sectores, que plantean elevar impuestos como el IRP y el IVA. En el caso del IRP —solo a modo ilustrativo y sin que constituya una propuesta del MEF—, se requeriría aumentar la tasa del 10% al 48% en 2025. De acuerdo con la dinámica demográfica de la Caja Fiscal, esto implicaría incrementos sucesivos cada año, alcanzando el 86% en 2028”, explicó.
Respecto al IVA, indicó que existe una propuesta para elevar la tasa del 10% al 14%, pero aclaró que aún con ese incremento los recursos seguirían siendo insuficientes. “Un aumento del IVA al 14% permitiría recaudar más de USD 1.144 millones anuales, lo que alcanzaría solo para cubrir el déficit estimado de la Caja Fiscal en 2026 y 2027, y apenas una parte del correspondiente a 2028”, detalló.
Durante su exposición, Coronel identificó la ausencia de una edad mínima de jubilación como el principal factor del desequilibrio del sistema, que actualmente ya se financia con impuestos generales, beneficiando principalmente a los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Fuerzas Militares y Policías.
“El 100% del déficit de la Caja Fiscal en 2028 deberá ser cubierto con impuestos generales. Esto representará aproximadamente USD 683 millones, según las estimaciones actuariales, un monto muy cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió.
Agregó que con esos USD 683 millones podrían financiar la construcción de 10 hospitales de alta complejidad, la pensión para el 86% de la población adulta mayor, la refacción de 350 centros educativos, la pavimentación de más de 3.200 kilómetros de rutas asfaltadas y la ejecución de 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.
En cuanto a las reformas propuestas, explicó que el proyecto plantea una regla de acceso gradual a la jubilación a partir de los 57 años para los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Policías y Militares, con tablas de sustitución que premian una mayor permanencia en actividad y mayores aportes.
“Para Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la tasa de sustitución oscila entre el 78% y el 100%, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de 57 años de edad y 25 años de servicio. En el caso de las Fuerzas Públicas, la tasa parte del 50% con 20 años de servicio y puede llegar al 100% con 35 años de aporte”, precisó.
Asimismo, señaló que se propone un esquema de aporte obrero-patronal con un aumento del 16% al 19% para todos los cotizantes de la Caja Fiscal, además de un aporte específico del 3% por parte del Estado en su carácter de empleador. A esto se suma una base de cálculo homogénea, que considera el historial laboral de los últimos cinco años de salarios cotizados, criterio que ya se aplica en el programa civil, integrado por funcionarios administrativos, docentes y magistrados.
