El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, planteó este miércoles la necesidad de consultar a la ciudadanía si está dispuesta a afrontar un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 10 al 14 %, con el objetivo de financiar el sistema jubilatorio de los docentes y militares, los únicos sectores que acceden al retiro anticipado en el país.
El titular de la cartera económica explicó que, a diferencia del resto de los trabajadores, estos grupos no cuentan con una edad mínima legal de jubilación y se retiran, en promedio, a los 52 años, lo que genera una presión creciente sobre las finanzas públicas.
En ese contexto, Fernández Valdovinos puso sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del esquema actual y el uso de los recursos del Estado. “El año pasado la DNIT tuvo un incremento de 400 millones de dólares en su recaudación, es decir, el equivalente al déficit, o sea, básicamente trabajó para nada, no pudimos tener más recursos para medicamentos, obras, Hambre Cero, entonces, tenemos que preguntar a la ciudadanía, seguimos con el mismo esquema o cambiamos algo”, expresó.
El ministro subrayó que, pese al aumento en la recaudación tributaria, el margen fiscal sigue siendo limitado debido al peso de determinados compromisos estructurales, entre ellos el sistema previsional de sectores con regímenes especiales. En ese sentido, dejó abierta la discusión sobre si la sociedad está dispuesta a asumir una mayor carga impositiva para sostener estos beneficios o si es necesario avanzar en reformas de fondo.
En conclusión, el planteamiento abre un debate de fondo sobre la equidad del sistema fiscal y previsional. Resulta legítimo preguntarse si es justo trasladar a toda la ciudadanía —a través de un aumento generalizado de impuestos como el IVA— el costo de sostener regímenes jubilatorios anticipados que benefician a sectores minoritarios y específicos. El IVA, por su naturaleza, impacta con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos, lo que agrava aún más la desigualdad.
Cargar sobre el conjunto de los contribuyentes el financiamiento de jubilaciones a los 52 años, cuando la mayoría de los trabajadores no cuenta con ese privilegio ni con garantías similares, plantea un serio problema de justicia distributiva. Más aún cuando el aumento de la recaudación no se traduce en mejoras concretas en áreas sensibles como salud, infraestructura o programas sociales.
Antes de exigir un mayor esfuerzo fiscal a la población, el debate debería centrarse en revisar los regímenes especiales y corregir distorsiones que comprometen la sostenibilidad del sistema. Sin equidad ni racionalidad en el gasto público, cualquier incremento impositivo corre el riesgo de profundizar el malestar social y de consolidar un esquema injusto, donde muchos pagan para sostener beneficios que solo alcanzan a unos pocos.
