El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, confirmó la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) que había rechazado la operación de concentración entre Frigomerc S.A. y Frigorífico Norte S.A. (Frigonorte), al desestimar la acción contencioso-administrativa promovida por la empresa cárnica. El fallo, dictado el 29 de diciembre de 2025, ratifica la actuación de la autoridad de competencia y marca un precedente relevante para el mercado paraguayo.
La controversia se originó en junio de 2020, cuando Frigomerc —integrante del Grupo Athena Foods— notificó a la CONACOM su intención de concretar una operación de concentración con Frigonorte. Tras analizar los antecedentes, el Directorio de la CONACOM resolvió no autorizar la transacción al considerar que, de aprobarse, se reforzaría la posición dominante de Athena Foods en el mercado de adquisición de ganado bovino para faena.
Según la resolución cuestionada, el mercado presenta características oligopsónicas, con pocos compradores concentrando un elevado poder de negociación frente a los productores. En ese contexto, el incremento de la cuota de mercado del grupo notificante habría fortalecido su poder de compra, sin que se acreditaran eficiencias económicas suficientes para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia. Asimismo, la CONACOM sostuvo que los condicionamientos propuestos por Frigomerc no cumplían con los requisitos legales, al no estar directamente orientados a neutralizar el reforzamiento de la posición dominante ni aportar beneficios económicos y sociales claros.
Frente a esta decisión, Frigomerc acudió al Tribunal de Cuentas mediante una acción contencioso-administrativa. Sin embargo, el órgano jurisdiccional rechazó el planteo y avaló los criterios técnicos y jurídicos utilizados por la CONACOM, confirmando la validez de su resolución.
El fallo es considerado clave para la seguridad jurídica y la defensa de la competencia en Paraguay, ya que consolida a la CONACOM como autoridad competente para intervenir y bloquear operaciones de concentración que puedan afectar el funcionamiento competitivo de los mercados. Además, refuerza el mensaje de que las decisiones de la entidad no son meros actos administrativos, sino parte de una política pública orientada a preservar mercados transparentes y equilibrados.
Con esta resolución judicial, se establece un precedente que fortalece el marco institucional y envía una señal clara al sector empresarial sobre la importancia de cumplir con las normas de competencia, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores finales.
