En las últimas semanas se volvió evidente una ofensiva mediática sistemática desde los medios del Grupo Zuccolillo contra actores económicos con los que compite directamente, en particular Ueno Bank y el Grupo Vázquez. No se trata de periodismo de investigación ni de una súbita preocupación por el interés público, sino de una maniobra política y comunicacional cuyo contexto merece ser explicado.
El Grupo Zuccolillo —conducido formalmente por Natalia Zuccolillo, aunque con fuertes tensiones internas en su directorio— conoce de primera mano la gravedad de los procesos que pesan sobre su estructura empresarial. No solo enfrenta investigaciones en curso, sino que arrastra antecedentes judiciales sensibles, con imputaciones por lavado de dinero que alcanzan a su presidente y a miembros del directorio. Ese escenario explica la urgencia por desviar el foco.
La estrategia es clara: anticiparse al avance de las investigaciones que involucran al Banco Atlas en el manejo del fideicomiso del IPS, un esquema que habría comprometido cerca de 900 mil millones de guaraníes provenientes de los aportes de trabajadores y jubilados. Un dinero destinado a infraestructura sanitaria que, según múltiples indicios y denuncias formales, no fue utilizado conforme al objeto del contrato.
Ante la inminencia de acciones por parte del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y otros órganos de control, el Grupo Zuccolillo recurrió a su herramienta histórica: el uso del poder mediático como mecanismo de presión y distracción. Tapas consecutivas, relatos direccionados y alianzas políticas circunstanciales buscan instalar un nuevo “villano”, desplazando la atención del verdadero núcleo del problema.
El discurso es cínico: se habla de “preocupación ciudadana” por los fondos del IPS, cuando la única preocupación real es impedir que se esclarezca qué ocurrió con más de 120 millones de dólares administrados por el fiduciario Banco Atlas, presidido por Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, durante la administración de Mario Abdo Benítez.uno
En ese contexto, no pasa desapercibido el contraste que señalan cada vez más voces críticas: mientras aún no se esclarece el destino de los fondos del IPS administrados por el Banco Atlas, el grupo económico vinculado a esa operatoria exhibe presencia en competencias automovilísticas, rallies internacionales y circuitos de alto costo. Para muchos ciudadanos, la imagen es tan elocuente como indignante: “rally y viajes de lujo a costa de los pobres abuelitos”, resumen con crudeza quienes exigen explicaciones sobre el uso del dinero previsional.
Con la colaboración de voceros políticos funcionales dentro del Congreso Nacional (el diputado Mauricio Espínola y el senador Rafael Filizzola), el relato intenta presentar a competidores del sistema financiero como responsables de una crisis que no provocaron. Se busca embarrar la cancha, generar ruido, desgastar reputaciones y, sobre todo, ganar tiempo. Tiempo para dilatar investigaciones que, de avanzar, podrían derivar en responsabilidades penales, civiles y administrativas de enorme magnitud.
Lo verdaderamente escandaloso no es la disputa empresarial, sino el daño causado a los jubilados del IPS. Los fondos no solo habrían sido desviados de su finalidad original —hospitales que nunca se construyeron—, sino que existirían indicios de un perjuicio adicional: intereses impagos y un eventual enriquecimiento indebido en favor del banco fiduciario, en detrimento directo del sistema previsional.
Resulta inadmisible que quienes deben rendir cuentas por el manejo de recursos públicos intenten refugiarse detrás de campañas mediáticas agresivas. La Superintendencia de Bancos del BCP debería actuar de oficio; la Fiscalía, profundizar las causas ya abiertas; y la Contraloría, avanzar sin titubeos. No se trata de persecución política ni de censura, sino de control institucional básico.
El libreto es viejo y reconocible: desacreditar al rival de turno, victimizarse, hablar de ataques y silencios, mientras se evita responder las preguntas centrales. Pero el fondo del asunto permanece intacto: qué pasó con el dinero del IPS, quién tomó las decisiones, qué controles fallaron y quiénes deben responder ante la Justicia.
La campaña contra Ueno Bank no es un hecho aislado, sino parte de una reacción defensiva de un grupo económico que ve amenazada su posición y, sobre todo, su impunidad. La verdad no se tapa con titulares. Y esta vez, la magnitud del desfalco exige algo más que operaciones mediáticas: exige responsabilidades.
