Un nuevo informe vuelve a colocar bajo los focos el contenido educativo de la Autoridad Palestina y reaviva una controversia de larga data sobre el uso de material escolar financiado por la comunidad internacional. Según el análisis publicado por el instituto IMPACT-se, con sede en Londres, los libros de texto del currículo 2025-2026 mantienen intactos los mensajes que incumplen los compromisos asumidos ante la Unión Europea: «el antisemitismo virulento, la glorificación de la yihad y la incitación a la violencia siguen profundamente arraigados en todos los niveles de los libros de texto de la Autoridad Palestina».
El estudio examinó unos 290 manuales y 71 guías didácticas empleadas por los docentes que enseñan a unos 1,3 millones de alumnos. La conclusión general es que no hubo modificaciones sustanciales pese al acuerdo firmado el año pasado con la UE, condición fijada para asegurar la continuidad de la ayuda financiera. Según IMPACT-se, la narrativa permanece anclada en la demonización del pueblo judío y en la promoción explícita del martirio como valor central dentro del proceso educativo palestino. El informe destaca que los judíos son descritos como enemigos del Islam «engañosos, manipuladores o inherentemente corruptos», mientras que Israel prácticamente desaparece de los mapas y es presentado como una entidad «incompatible con la justicia».
Uno de los ejemplos más extremos citados en el documento procede de una guía docente de séptimo grado, donde se relata a “israelíes golpeando la cabeza de niños palestinos frente a sus madres y mutilando mujeres para robarles joyas”, un ejercicio que incluso instruye a los alumnos a recrear estas escenas mediante dibujos. El mismo patrón se repite en cursos superiores: un libro de 12.º grado incorpora un poema que exhorta a los jóvenes a “regresar” a ciudades israelíes usando evocaciones que recuerdan los ataques del 7 de octubre de 2023. Incluso los niños de primer grado aprenden la palabra árabe para «mártir» como parte de sus primeras lecciones de ortografía.
Ese enfoque no se limita a las áreas de humanidades. IMPACT-se afirma que «incluso los ejercicios de ciencias, matemáticas y gramática utilizados en el currículo están diseñados para normalizar la violencia y promover la deshumanización», reforzando un entorno pedagógico donde conceptos básicos se vinculan a la idea de lucha, sacrificio o confrontación permanente.
Marcus Sheff, director ejecutivo de IMPACT-se, sostiene que los hallazgos del informe deberían servir como una señal de alarma para los responsables políticos europeos y estadounidenses. «Este exhaustivo informe expone una cruda e inquietante realidad: el antisemitismo virulento, la glorificación de la yihad y la incitación a la violencia siguen profundamente arraigados en todos los niveles de los libros de texto de la Autoridad Palestina», declaró. Y concluyó que «la conclusión obvia de este informe es que, a menos que la comunidad internacional intervenga profunda y sostenidamente, el adoctrinamiento sistemático de los palestinos mediante una educación extremista ha llegado para quedarse».
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, por su parte, volvió a insistir en que el problema educativo no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia. El miércoles recordó que la Autoridad Palestina continúa con su sistema de subsidios a familiares de atacantes condenados o fallecidos en atentados contra civiles israelíes, práctica que denomina «pago por asesinato». «La Autoridad Palestina tiene la política de pagar a los terroristas que asesinan a israelíes», publicó la Cancillería en X. «Esta política constituye, fundamentalmente, un fomento del terror. Este comportamiento moralmente reprobable debe terminar».
El informe llega en un contexto diplomático especialmente sensible: la UE revisa periódicamente sus mecanismos de financiación, mientras varios gobiernos europeos exigen garantías de que sus aportes no contribuyen, directa o indirectamente, a la difusión de contenido extremista. La persistencia de este tipo de material educativo vuelve a plantear un debate incómodo para Bruselas y para Ramala, cuyo futuro financiero podría depender del nivel de voluntad real para aplicar reformas que hasta ahora no pasan del papel.
