La caída de la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar dejó al descubierto una verdad que algunos intentaron ocultar bajo una catarata de titulares sesgados, insinuaciones infundadas y ataques contra la Justicia. La narrativa instalada por ABC Color —que pretende responsabilizar al juez Juan Francisco Blanco Bogado de haber “paralizado” la operación— no resiste el menor examen. No solo es falsa: deliberadamente oculta el problema real.
Porque aquí no hubo ningún juez entorpeciendo la economía, ni una empresa “malintencionada” frenando un proceso financiero. Lo que existió, y existe, es la violación de un derecho fundamental: la propiedad intelectual.
Y quienes cometieron ese atropello no fueron los jueces ni ITTI, sino Banco Atlas, al utilizar un software ajeno —el ITGF, desarrollado íntegramente por ITTI SAECA— de manera abusiva, fuera de los permisos otorgados, y en abierta contradicción con normas, contratos y advertencias expresas de su legítimo propietario.
Contrariamente a la ficción publicada por ABC Color, ningún juez ordenó “paralizar” la fusión. La fusión quedó sin condiciones para avanzar porque Atlas intentó incorporar dentro de su patrimonio un software que no le pertenece, lo cual es jurídicamente imposible y éticamente inaceptable.
El juez Blanco simplemente hizo lo que corresponde en un Estado de derecho: ordenó a Atlas detener el uso y la copia del software ITGF, y evitar que ese activo —privado, ajeno y protegido— sea utilizado como moneda de cambio en una operación societaria.
La crítica de ABC Color a la “celeridad sospechosa” es un síntoma claro de su incoherencia. Los mismos que reclaman una Justicia lenta cuando les conviene, hoy denuncian como sospechoso que un juez trabaje con rapidez, diligencia y transparencia.
Los magistrados solo preservaron el statu quo, impidiendo que una de las partes —Atlas— genere ventajas irreversibles antes de que el conflicto de fondo sea resuelto. Eso es exactamente lo que la ciudadanía exige desde hace años: una Justicia que no se arrodille ante el poder económico.
Pero para ABC Color, defender la ley es “acoso”.
Quizás el punto más preocupante de este caso es la posición ideológica del medio. ABC Color enarbola la defensa de la propiedad privada… pero no cuando pertenece a un competidor de sus aliados económicos.
La Justicia ya respondió. Hoy es la sociedad la que debe entender que este conflicto no se trata de bancos ni de software, sino del tipo de país que estamos dispuestos a defender.
