Lo que está ocurriendo con el Ministerio de Educación y Ciencias no es un debate técnico, ni un análisis serio de políticas públicas. Es, simple y llanamente, una operación política disfrazada de preocupación moral, impulsada por sectores que decidieron destituir a Luis Fernando Ramírez desde el día uno. No importan los hechos, no importan las decisiones reales del ministro, no importa la gestión. El objetivo es político, y el método es el de siempre: instalar etiquetas, sembrar desconfianza y convertir la educación en un botín.
Los argumentos utilizados para atacarlo son tan variopintos como contradictorios: que Ramírez es “onegesero”, que es “progre”, que es “pro-LGBT”. Es decir, el menú completo de acusaciones estándar cuando no hay nada más a mano. La inconsistencia es evidente: hace apenas unos días, los mismos sectores aseguraban que quien realmente manejaba el MEC era el pastor Miguel Ortigoza. Como ese argumento no prendió —porque Ortigoza difícilmente pueda ser acusado de promover agendas progresistas—, ahora la narrativa cambia. La nueva teoría es que la institución está tomada por Fernando Bonanni, a quien acusan de exactamente lo contrario que atribuían a Ortigoza. Una incoherencia que habla por sí sola.
Lo más revelador es que estos ataques no son nuevos. Ya en noviembre de 2023, Ramírez fue blanco de grupos conservadores por un supuesto riesgo de “ideologías extranjeras” en la educación paraguaya. Pero la posición del ministro fue firme y pública: la educación se impartirá con base en los valores propios del país, conforme a la Constitución, y respetando la familia tradicional —varón y mujer— como núcleo. Es decir, exactamente lo que estos mismos grupos dicen defender. Aun así, prefirieron sostener discursos alarmistas antes que reconocer que el MEC no estaba siendo entregado a ninguna agenda foránea.
En 2024 ocurrió lo contrario: sectores progresistas buscaron inmiscuirse en la arquitectura de las políticas educativas. ¿La reacción del ministro? Abrir el diálogo con referentes reconocidos del ámbito académico y cultural —Fernando Griffith, Carlos De la Sobera, Víctor Wall, Nelson Aguilera, Samuel Wiens, Fernando Yambay— para trabajar sobre el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040. Es decir, Ramírez actuó con equilibrio: sin entregar la educación a presiones ideológicas de ningún extremo, y priorizando la voz de quienes tienen trayectoria real en el sistema educativo.
La verdad incómoda es la siguiente: la acusación contra Bonanni no es contra Bonanni. Es un ataque indirecto —y cada vez menos disimulado— contra el propio ministro. Porque lo que está en juego no es una supuesta desviación ideológica, sino el control político del MEC. Para algunos sectores, el Ministerio no es una institución al servicio de la educación, sino un territorio que debe ser conquistado. Y cuando no logran ocuparlo, recurren al desgaste, la sospecha y la desinformación.
La ciudadanía merece claridad: esto no es un debate sobre valores, ni sobre contenidos, ni sobre la orientación ideológica del ministerio. Es una operación política de sectores que, incapaces de influir en la gestión, buscan desprestigiarla para convertir al MEC en su propio botín. Y en el camino, no dudan en distorsionar la realidad, inventar conflictos y poner en riesgo un área que debería estar por encima de toda disputa partidaria: la educación de nuestros hijos.
