Francia volvió a marcar su distancia con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, aseguró este domingo que su país “no firmará un acuerdo que condenaría a sus agricultores”, reafirmando la posición proteccionista del gobierno francés frente al pacto con los países sudamericanos.
“Queremos apoyar a nuestros agricultores y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, declaró Genevard en una entrevista concedida al semanario Journal du Dimanche (JDD), donde reiteró las “líneas rojas” que Francia no está dispuesta a cruzar.
La ministra insistió en que para que el tratado pueda ser considerado, deberán incluirse cláusulas de salvaguarda agrícola y mecanismos que impidan la importación a Europa de productos que no cumplan las estrictas normas sanitarias y medioambientales europeas, además de un refuerzo de los controles sanitarios fronterizos.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) fue firmado a finales de 2024, tras más de dos décadas de negociaciones. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2025, la Comisión Europea lo adoptó formalmente, pero el tratado aún debe ser ratificado por los 27 Estados miembros del bloque europeo para poder entrar en vigor.
Francia, junto con otros países como Austria e Irlanda, mantiene una postura crítica ante el pacto, argumentando que podría generar una competencia desleal para los productores europeos y poner en riesgo los estándares ambientales del continente.
Las declaraciones de Genevard reavivan las tensiones internas en la Unión Europea respecto al acuerdo, que el bloque sudamericano considera estratégico para diversificar mercados y fortalecer los lazos comerciales con Europa. Sin embargo, la resistencia francesa podría volver a congelar un proceso que ya ha enfrentado múltiples retrasos por cuestiones agrícolas y medioambientales.
Con esta decisión, Francia se posiciona nuevamente como el principal obstáculo para la ratificación del acuerdo, en un contexto en el que la presión del sector rural y las protestas agrícolas continúan marcando la agenda política del país.
