El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, junto a nueve miembros del directorio de la entidad financiera, en el marco de una investigación que los vincula a maniobras destinadas a ocultar y movilizar fondos de origen ilícito pertenecientes al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
La acta de imputación N.º 4/25, firmada por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, sostiene que los directivos imputados habrían participado en un esquema de blanqueo de capitales prohibido por el artículo 196 del Código Penal Paraguayo, que prevé penas de hasta diez años de prisión para quienes “oculten o disimulen el origen ilícito de bienes o colaboren en su transferencia, posesión o administración”.
Entre los coimputados figuran Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tuñoli, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, y tres familiares directos de Leoz: su esposa María Clemencia Pérez de Leoz, y sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro, todos miembros o vinculados al directorio del Banco Atlas en el periodo investigado.
Fideicomisos bajo sospecha
Según la carpeta fiscal, en febrero de 2016, cuando Leoz ya enfrentaba una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos en el marco del FIFA Gate, el Banco Atlas constituyó fideicomisos millonarios a su favor y de sus familiares, actuando como fiduciario.
Los fondos involucrados ascienden a 23.014 millones de guaraníes y 2,16 millones de dólares, provenientes de certificados de depósito de ahorro del propio banco.
Los fiscales sostienen que la entidad omitió aplicar los controles obligatorios de prevención de lavado establecidos por la Ley 1015/97 y las regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lo que podría constituir encubrimiento o omisión de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
El Ministerio Público también detectó movimientos por más de 130 millones de dólares entre 2000 y 2015, período en el que Leoz habría realizado depósitos por 5,1 millones de dólares y 16.000 millones de guaraníes solo en los primeros tres meses de 2013, mientras era investigado internacionalmente.
Estas maniobras, según los fiscales, habrían buscado “regularizar a posteriori” operaciones irregulares, configurando una posible connivencia entre directivos y funcionarios de la entidad para encubrir operaciones de lavado de activos.
Consecuencias penales y medidas cautelares
El requerimiento fiscal N.º 37, del 30 de octubre de 2025, solicita medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, entre ellas: presentación periódica ante el juzgado, constitución de caución real o personal y prohibición de salir del país sin autorización judicial.
La investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N.º 5 de Asunción, que deberá determinar la responsabilidad penal y administrativa de cada miembro del directorio imputado.
De confirmarse las acusaciones, los directivos enfrentarían penas de hasta diez años de prisión, multas de hasta 500 días-multa (artículo 47 del Código Penal), inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras, y la posible pérdida de licencias bancarias, conforme a las normas internacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Fusión?
Según la legislación financiera paraguaya y las normas del Banco Central del Paraguay (BCP), resulta altamente improbable que se autorice una fusión del Banco Atlas con cualquier otra entidad, como el Banco Familiar, mientras su presidente y todo el directorio se encuentren imputados por lavado de dinero.
Las disposiciones de la Ley N.º 861/96 establecen que las personas con procesos penales por delitos financieros o económicos carecen de idoneidad y honorabilidad para ejercer cargos directivos en instituciones sujetas al control del BCP.
En consecuencia, mientras el caso siga abierto y sin resolución judicial, el organismo regulador no podría aprobar ningún proceso de fusión o integración bancaria, al tratarse de una situación que compromete la solvencia reputacional y la estabilidad del sistema financiero nacional.
