La División Especializada contra el Cybercrimen de la Policía Nacional se encuentra bajo críticas esta semana por parte de referentes opositores como los senadores Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola, Yolanda Paredes, el diputado Raúl Benítez y la exsenadora Kattya González, entre otros, quienes cuestionan que la unidad haya realizado tareas de inteligencia en foros de redes sociales y en grupos de WhatsApp abiertos donde se discutían planes para cometer delitos. Sin embargo, lejos de tratarse de una extralimitación, la actuación de la División se ajusta a las facultades legales que la Policía Nacional tiene para la prevención del crimen y la protección de la seguridad pública.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 222/93) establece la obligación de la institución de prevenir hechos punibles, y el marco del Plan Nacional de Ciberseguridad faculta a la División de Cybercrimen a recopilar, procesar y analizar información en medios digitales cuando estos son utilizados como canales para organizar actividades ilícitas. El monitoreo de espacios públicos de internet —como foros abiertos, redes sociales o grupos de acceso libre— constituye una práctica legal y necesaria de inteligencia criminal preventiva, orientada a anticipar amenazas y evitar que se concreten actos de violencia. El propio Manual de Procedimientos de la Policía Nacional prevé la creación de bancos de datos y dossieres como parte de las investigaciones.
En este caso, los agentes no intervinieron comunicaciones privadas, lo cual requeriría orden judicial, sino que se limitaron a observar información disponible de manera pública o en grupos de acceso abierto, donde existían evidencias de que se estaba convocando a actos violentos, como el ataque a instituciones del Estado. Ignorar tales alertas equivaldría a una omisión grave de funciones. La responsabilidad de la Policía es proteger a la ciudadanía, y hacerlo de forma preventiva es tanto una obligación legal como una exigencia de la sociedad. En ese sentido, los cuestionamientos políticos contrastan con la realidad jurídica: la labor de la División de Cybercrimen está amparada por la normativa vigente y responde al mandato de salvaguardar la seguridad y el orden público.
No obstante, más allá de este episodio puntual en el que la Policía actuó conforme a derecho, es innegable que persisten graves falencias en la seguridad ciudadana. La gestión del ministro del Interior, Enrique Riera, es señalada como altamente deficiente, con una respuesta insuficiente frente al aumento de la criminalidad y la sensación de inseguridad que afecta a la población. Defender la legitimidad del accionar del Cybercrimen no significa ignorar que la conducción política del área requiere cambios profundos, mayor eficacia y un compromiso real con la lucha contra la delincuencia.
