Circulan en grupos de WhatsApp y en canales de redes sociales convocatorias de la llamada generación Z para una marcha en Asunción el próximo 28 de septiembre, en las que se advierte que la protesta podría derivar en hechos violentos, según capturas y publicaciones difundidas en los últimos días.
Los organizadores e instigadores de los grupos son atribuidos por participantes y observadores digitales a seguidores de la exsenadora Kattya González y de la excandidata a vicepresidente Soledad Núñez, como, por ejemplo, el joven identificado como Pastor Galeano, quien figura como excandidato a diputado por Encuentro Nacional. En algunas de las comunicaciones internas —compartidas entre miembros de los grupos y viralizadas posteriormente— también se menciona que el diputado Rubín podría estar presente en reuniones previas a la manifestación.
Entre los mensajes que se comparten en esos chats privados —y que en algunos casos circularon como capturas públicas— se leen amenazas y llamados explícitos a cometer actos violentos. Algunos ejemplos reportados son frases del tenor de: “Si no hay derramamiento de sangre no habrá revolución”, “Muchos militares paraguayos comentando que estarían dispuestos a apoyar esto”, “conseguir una camioneta vaikue y chocar por la casa de Cartes” y “Yo quiero quemar Mburuvicha roga”. Otros mensajes aluden a la fabricación y uso de artefactos incendiarios: “Preparen molotov” y “tirar bombas caseras en el reciclarte para que así la policía y bomberos mande más a Sanber”.
A esta situación se suma el hecho de que muchos políticos, periodistas y medios de prensa, con sus declaraciones públicas, han contribuido a crear un ambiente propicio para que se produzcan incidentes violentos, instalando discursos de confrontación que terminan alimentando la tensión en torno a la marcha.
Estas publicaciones han generado alarma entre analistas de seguridad debido al contenido explícito de las amenazas y a la posibilidad de que grupos organizados intenten aprovechar la convocatoria para provocar disturbios.
Ante la circulación de mensajes con contenidos violentos, las autoridades competentes deben investigar la veracidad de las amenazas, identificar a quienes las promueven y tomar medidas para garantizar la seguridad pública.
