Por Minerva Machado
En un país donde la salud de la población debería estar por encima de cualquier interés comercial, sorprende y preocupa escuchar voces que critican las recientes medidas adoptadas por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) contra la cadena Biggie.
Quienes minimizan lo ocurrido parecen olvidar que no se trata de un error aislado, sino de un patrón sistemático y reiterado que expone a la ciudadanía —en especial a los niños— a riesgos reales y graves.
En apenas dos sucursales fiscalizadas se detectaron 251 productos vencidos. Y la lista no se queda ahí: alimentos sin fecha de vencimiento, productos adulterados, reetiquetados y hasta artículos con alerta sanitaria. El escenario es tan grave que, en el 100% de los locales inspeccionados, se hallaron infracciones. ¿De verdad alguien puede llamar a esto un “exceso” de control?
Un historial que habla por sí solo
Este no es el primer roce de Biggie con la ley. Desde 2016, la empresa acumula expedientes y sanciones:
Exp. 192/2016: productos sin fecha de vencimiento.
Exp. 1714/2019: productos vencidos.
Exp. 778/2022: producto vencido.
A esto se suman siete expedientes en curso y catorce ya concluidos con sanción, más de 16 actas de fiscalización recientes. Los datos son claros: existe un patrón reiterado de incumplimiento que no se corrige con simples multas.
La ley está para proteger, no para adornar
La Ley N.º 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario no es un adorno jurídico; es una herramienta de orden público para proteger la salud y la seguridad de las personas. Suspender temporalmente la venta de productos peligrosos no es un capricho, es una obligación legal frente a riesgos que no distinguen edad ni condición social.
Quienes hoy se quejan de la “dureza” de la medida, ¿qué proponen? ¿Esperar a que un niño termine hospitalizado por ingerir un producto en mal estado? ¿Aceptar que se nos venda mercadería reetiquetada sin garantías sanitarias?
Biggie administra más de 200 puntos de venta. Un incumplimiento en cadena no es casualidad, es negligencia o desinterés por cumplir las reglas. Y cuando un actor económico se burla una y otra vez de la ley, la respuesta del Estado debe ser firme: sanciones ejemplares que no solo corrijan, sino que disuadan.
El pueblo paraguayo —Juan Pueblo— tiene derecho a la excelencia, a consumir productos seguros, frescos y correctamente etiquetados. Defender ese derecho no es atacar a la empresa, es proteger a la gente que todos los días deposita su confianza y su dinero en las góndolas.
Minimizar la gravedad de este caso es darle la espalda al consumidor. Es aceptar que la información veraz y la salud pública pueden sacrificarse en nombre de la complacencia con los poderosos.
En una democracia sana, el poder no reside en las grandes cadenas comerciales, sino en los derechos inalienables de la ciudadanía. Y cuando esos derechos se vulneran sistemáticamente, la respuesta del Gobierno debe ser clara y contundente, para eso la ciudadanía le entrega con su voto la confianza que sus derechos serán protegidos.
