La Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este presentó ante el Ministerio Público una denuncia por un supuesto esquema delictivo que operaba dentro de la administración intervenida, con la existencia confirmada de una “caja paralela” destinada a desviar dinero de los contribuyentes.
El interventor Ramón Ramírez informó que la investigación detectó un mecanismo de recaudación no registrado oficialmente, con graves perjuicios para las finanzas municipales. “Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela, a espaldas de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, señaló en conferencia de prensa.
El equipo interventor solicitó la documentación del sistema de recaudación correspondiente a enero-junio de 2025 y, durante el análisis, identificó comprobantes incongruentes y pagos no asentados en los registros oficiales. Las irregularidades se concentraron en las cajas N° 6 y N° 8, donde el 100% de los comprobantes revisados fueron emitidos, cobrados y registrados por funcionarios que no estaban asignados a dichas cajas.
Entre los hallazgos, se constató que la Caja 6 carecía de legajos y arqueos que respaldaran las transacciones del 30 de enero de 2025, fecha en la que supuestamente no operó. En la Caja 8, se detectaron pagos asentados en el sistema el 14 de enero de 2025 que no figuraban en el arqueo de caja, aunque sí en las fichas catastrales de los contribuyentes. Solo en dos días, las operaciones irregulares superaron los 75 millones de guaraníes, cifra que podría aumentar al ampliar la pesquisa.
Vínculos y encubrimiento
El intendente intervenido, Miguel Prieto, intentó minimizar su responsabilidad asegurando que su administración había detectado y denunciado irregularidades desde inicios de 2025. Sin embargo, documentos oficiales revelan que mantuvo en funciones a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos —señalada en las maniobras— hasta junio de este año, y que su salida respondió únicamente a motivos de nepotismo, no a las anomalías detectadas.
La auditoría informática del sistema SIGEM evidenció pagos millonarios registrados en enero que no se reflejaron en Tesorería, así como inconsistencias en los usuarios y cajeros asignados en las cajas 6 y 8, señales de manipulación y fraude. Además de Alonzo Vallejos, figuran como involucrados Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera. Muchos comprobantes presentaban fechas y montos válidos, pero no coincidían con los arqueos reales, lo que apunta a falsificaciones.
Mientras Prieto afirma que su gestión detectó cerca de 900 millones de guaraníes en irregularidades y responsabilizó solo a dos funcionarios por “lesión de confianza”, la intervención entregó a la Fiscalía memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos digitales que evidencian pagos inconsistentes, perfiles de usuario alterados y manipulaciones del sistema. Para Ramírez, se trata de “una apropiación de los recursos del pueblo”, en un esquema irregular que habría operado durante un largo tiempo y que la administración municipal habría intentado encubrir.
