Mientras la atención pública se centra en las millonarias cuentas offshore vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez, un aspecto clave del escándalo podría tener consecuencias inmediatas en la justicia paraguaya: su esposa, Silvana López Moreira, no goza de ningún tipo de fuero ni inmunidad constitucional. A diferencia de su marido, que actualmente ocupa un escaño como senador vitalicio, la ex primera dama puede ser investigada y procesada como cualquier ciudadano común.
Según la filtración obtenida por el periodista argentino Luis Gasulla, Abdo y López Moreira serían beneficiarios de al menos dos sociedades de responsabilidad limitada registradas en Seychelles, con cuentas que superan los 20 millones de dólares. Una de ellas, abierta en noviembre de 2022 en el banco MCB International, coincide con los últimos meses de mandato presidencial. La otra fue registrada en septiembre de 2023, apenas un mes después de dejar el cargo, a nombre de una firma llamada Exchange Contracts International Finance Limited.
Si bien el escándalo ha puesto al exmandatario bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, su condición de senador le otorga fuero constitucional, lo que significa que no puede ser imputado sin un previo desafuero aprobado por sus pares. No ocurre lo mismo con su esposa, quien no posee ningún tipo de protección institucional y podría enfrentar la justicia penal de forma directa e inmediata si se abre una investigación.
Según el marco legal paraguayo, López Moreira podría ser investigada por tres posibles delitos:
- Lavado de dinero, si se demuestra que participó en la apertura o administración de las cuentas para ocultar el origen de fondos ilícitos.
- Evasión fiscal, si omitió declarar activos en el extranjero o facilitó la ocultación de bienes.
- Complicidad en enriquecimiento ilícito, si se prueba que actuó como prestanombre o testaferro del expresidente.
En el caso del lavado de activos, la ley es clara: no se requiere que los fondos provengan directamente de un cargo público para que haya delito. La mera intención de ocultar el origen del dinero o dar apariencia de legalidad ya configura una conducta punible, y la participación de López Moreira como co-titular o beneficiaria directa de las cuentas podría convertirla en imputable.
Además, el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar medidas cautelares contra ella, como el embargo de bienes, congelamiento de cuentas o incluso prohibición de salida del país, si se presume riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso judicial.
Por el momento, ninguna autoridad fiscal ni judicial se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, aunque el impacto de la denuncia ya se hace sentir en los medios y en sectores políticos. El silencio del exmandatario y de su esposa contrasta con la gravedad de las acusaciones y pone en jaque la imagen de transparencia que Mario Abdo intentó proyectar durante su administración.
Con un monto oculto que supera en siete veces el patrimonio declarado por el expresidente, el caso promete marcar un antes y un después en el debate sobre corrupción, opacidad financiera y rendición de cuentas en Paraguay. Y podría convertir a la ex primera dama en la primera en enfrentar a la justicia por uno de los mayores escándalos económicos del país en los últimos años.
