La Justicia dio un paso clave para ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 ordenó la actualización del monto a devolver por los condenados, que podría alcanzar los 500 millones de dólares, y ya prepara el remate de 26 propiedades, autos de alta gama y millones de dólares que figuran a nombre de su hija, Florencia Kirchner.
Según confirmó el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia, fue notificado para estimar el valor actualizado del decomiso, que en 2022 fue fijado en $84.000 millones. Una vez finalizado ese informe, comenzará la etapa de subasta pública para recuperar parte del dinero que la expresidente, el empresario Lázaro Báez y otros siete condenados le habrían quitado al Estado mediante el direccionamiento de obra pública.
La lista de bienes a ejecutar es extensa: incluye el departamento en el que Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, dos unidades y cocheras en Madero Center (Puerto Madero) y un total de 26 inmuebles entre Capital Federal y Santa Cruz. Todos ellos están inscriptos a nombre de Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria de la familia Kirchner investigada en otra causa por lavado de dinero.
También figuran los U$S 5,6 millones que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad, dinero cuya justificación sigue bajo la lupa judicial. A esos bienes se suman dos autos registrados por la familia.
La ofensiva judicial no se limita a los bienes de Cristina. El fiscal Diego Luciani también apunta a las propiedades cedidas por la exmandataria a sus hijos como herencia anticipada en 2016. Esa maniobra ya había sido denunciada por la diputada Margarita Stolbizer, quien advirtió sobre una posible insolvencia fraudulenta para esquivar embargos judiciales.
Entre las propiedades que podrían ir a remate se encuentran los hoteles, estancias y residencias en El Calafate y Río Gallegos, además de otras propiedades que permanecen embargadas en el marco de la causa Hotesur–Los Sauces. La Justicia considera que, aunque estén embargados en otros expedientes, pueden ejecutarse en la causa que primero llegó a sentencia firme, es decir, la causa Vialidad.
En paralelo, se avanza también sobre los activos de Lázaro Báez, que incluyen 132 inmuebles en Santa Cruz, 37 propiedades en CABA, y empresas constructoras como Austral Construcciones, Gotti SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Incluso se prevé la subasta de las históricas estancias Cruz Aike, Río Olnie y El Rincón, donde se realizaron excavaciones buscando dinero enterrado.
El fiscal Luciani insistió en que el dinero que se desvió de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas pudo haberse destinado a salud, educación, vivienda o justicia. Por eso ahora busca recuperar para el Estado parte del patrimonio acumulado ilegalmente, según la sentencia confirmada por la Corte.
Una vez finalizado el informe de tasación, la Justicia dará 10 días hábiles a los condenados para reintegrar el dinero. De no hacerlo, las propiedades se rematarán al mejor postor.
