El diputado colorado Carlos Núñez Salinas (Colorado Añeteté) acaba de cruzar una línea que ningún representante del pueblo paraguayo debería traspasar: la de la irresponsabilidad diplomática y la deslealtad institucional. Al reunirse en Panamá con la embajadora del régimen comunista chino, Xu Xueyuan, no solo violó el principio constitucional que reserva al Poder Ejecutivo la conducción de las relaciones exteriores, sino que además envió un mensaje inquietante, impropio y peligrosamente servil hacia una dictadura que nada tiene que ver con la tradición ni con los valores del Paraguay.
En su comunicado, Núñez Salinas afirmó en una publicación en redes sociales: “Hoy, se trazaron nuevas rutas hacia el progreso y el desarrollo. La reunión con Xu Xueyuan, embajadora de la República Popular China en Panamá, nos brinda una oportunidad única para transformar la realidad de Paraguay”. Más grave aún fue otra de sus declaraciones, aún más reveladora: “A pesar de no tener relaciones diplomáticas formales, hemos recibido apoyo de empresas chinas que han facilitado financiamiento y oportunidades a nuestros empresarios”.
Estas palabras, lejos de ser ingenuas, abren una peligrosa sospecha sobre la posible penetración de intereses económicos chinos en la política paraguaya. ¿Quién financia estos contactos? ¿Con qué fines? ¿Quién está pagando el precio de esta apertura encubierta a una potencia autoritaria que solo busca aislar a Taiwán y someter diplomáticamente a los países que aún mantienen relaciones con la isla democrática?
Que quede claro: Paraguay mantiene relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) desde hace casi siete décadas. Se trata de una alianza construida con respeto, colaboración y lealtad mutua. Taiwán ha sido un socio incondicional en momentos clave de nuestra historia, aportando cooperación técnica, inversión, solidaridad y apoyo internacional. Cambiar esa relación por una foto con una emisaria del Partido Comunista Chino no solo es un gesto indigno, sino una bofetada a los intereses estratégicos de la Nación.
La República Popular China no respeta la propiedad privada, ni la libre determinación de los pueblos. Censura a su población, vigila a sus ciudadanos y promueve un modelo de control estatal absoluto. Nada, absolutamente nada, de lo que representa Pekín se parece a lo que Paraguay debe aspirar a ser. El coqueteo con una potencia que desprecia la democracia y utiliza su poder económico para comprar voluntades es más que una torpeza: es un acto de traición a los valores republicanos.
La Cámara de Diputados tiene el deber moral e institucional de llamar al orden a Núñez Salinas. No solo por desbordar sus funciones, sino por arrogarse el rol de canciller sin haber sido jamás investido para tal tarea. Los legisladores no están autorizados a comprometer la política exterior del país ni a jugar a ser embajadores de causas ajenas. Esta clase de conductas no pueden repetirse ni quedar impunes.
Paraguay no está en venta. Su dignidad, su soberanía y su política exterior no son canjeables por financiamiento de dudoso origen ni por puentes de papel con regímenes autoritarios. La política exterior es un asunto serio, estratégico, reservado al más alto nivel del Estado. Y todo aquel que intente socavarla desde la vanidad personal o el oportunismo partidario, debe ser puesto en su lugar. Y cuanto antes.
