Mientras algunos sectores insisten en responsabilizar al productor ganadero por el encarecimiento de la carne, lo cierto es que quienes verdaderamente inflan el precio final son otros actores de la cadena —y el Estado en sus distintos niveles, con su voracidad fiscal—. Un ejemplo alarmante es la reciente propuesta del concejal de Concepción, Eliseo Guggiari, quien plantea duplicar la tasa municipal por cada cabeza de ganado faenada, pasando de G. 2.500 a G. 5.000.
El argumento de «actualización tributaria» suena familiar: es la coartada de siempre para meter la mano en el bolsillo del productor y, en consecuencia, del consumidor. Lo que no se dice es que este tipo de medidas terminan encareciendo artificialmente el alimento más representativo de nuestra dieta, sin que haya una mejora en los servicios municipales ni en las condiciones sanitarias o logísticas de la faena. En otras palabras: más impuestos, la misma ineficiencia.
Los productores ganaderos reciben apenas entre un 30% y un 35% del precio final que paga el consumidor por un corte de carne. El resto se reparte entre frigoríficos, distribuidores, supermercados y el Estado, que grava cada eslabón con diferentes tasas e impuestos. ¿Cómo se puede, con honestidad, responsabilizar al productor por el precio de la carne cuando los márgenes más jugosos los captura el sector comercial y el Estado?
En lugar de castigar al eslabón más débil de la cadena con nuevas cargas fiscales, lo que deberían hacer nuestras autoridades es revisar la eficiencia del gasto municipal, combatir la informalidad, y asegurar que los servicios públicos acompañen el esfuerzo productivo nacional.
Subir tasas sin sentido, en un país con altos niveles de pobreza y donde la carne sigue siendo un alimento esencial, es una medida profundamente regresiva. Si la Junta Municipal de Concepción aprueba esta duplicación impositiva, no solo golpeará a los productores locales: también contribuirá a que el precio de la carne siga subiendo, afectando directamente al bolsillo de la ciudadanía.
La verdadera pregunta es: ¿a quién sirve esta medida? Porque al consumidor, seguro que no.
