En una decisión que debería encender todas las alarmas democráticas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha solicitado continuar con la licitación para la adquisición de máquinas de votación electrónica, desoyendo la suspensión dispuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La DNCP fundamentó su resolución con argumentos contundentes: precios arbitrarios y una llamativa ventaja a favor de un consorcio envuelto en escándalos internacionales. Se trata de Smartmatic, una firma salpicada por denuncias de corrupción, alteración de resultados electorales y vínculos turbios en países como Argentina, El Salvador, Filipinas y Venezuela.
Lejos de acatar con responsabilidad la advertencia del órgano de control, el TSJE respondió con un reclamo burocrático: alegan que la suspensión “compromete la capacidad operativa y funcional” del organismo para organizar futuros comicios. Es decir, para los responsables de velar por el respeto a la voluntad ciudadana, la logística pesa más que la transparencia.
La pregunta es inevitable: ¿qué valor tiene una elección si la herramienta que se emplea para ejecutarla está teñida de sospechas? Pretender avanzar con un proceso de licitación plagado de irregularidades, solo para cumplir con un calendario, es una muestra de desdén absoluto por la legitimidad del voto.
La ciudadanía merece elecciones limpias, sin sombras. Insistir en adjudicar un contrato multimillonario a una empresa con historial cuestionado, en contra de la advertencia de la DNCP, no solo compromete la credibilidad del proceso electoral, sino que expone al TSJE como cómplice —por acción u omisión— de un mecanismo opaco que amenaza los principios básicos de la democracia.
