La administración del Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) está marcando un punto de inflexión en la política agraria del país. Con un enfoque decidido en la regularización jurídica de tierras del patrimonio del Estado, el Gobierno Nacional ha comenzado a revertir décadas de estancamiento, facilitando el acceso de miles de familias campesinas a títulos de propiedad que abren las puertas al crédito, la inversión y el desarrollo productivo.
Uno de los principales beneficios de esta política de titulación es que permite a los beneficiarios de la Reforma Agraria convertirse en sujetos de crédito formal. Al contar con títulos legales, estos pequeños productores pueden acceder a financiamiento en condiciones blandas, insertarse en la economía formal y aumentar su productividad, generando un círculo virtuoso de arraigo, estabilidad y crecimiento económico en las comunidades rurales.
El acceso al título de propiedad no es sólo una cuestión legal, sino una herramienta de desarrollo integral afirmó en varias ocasiones Ruiz Díaz. El titular del ente agrario explicó que esta prioridad institucional busca sentar las bases de un verdadero despegue económico y social en las colonias y asentamientos campesinos, al brindar seguridad jurídica y permitir inversiones en infraestructura, maquinaria y tecnología.
Durante los primeros 18 meses del gobierno del presidente Santiago Peña, se han entregado más de 9.000 títulos de propiedad, superando por amplio margen el promedio anual de apenas 900 títulos otorgados por administraciones anteriores. Pero más allá del volumen, el logro también radica en la solución de casos emblemáticos y conflictivos que llevaban años sin resolverse, como Marina Cué (Curuguaty, Canindeyú) y Barbero Cué (San Pedro del Ycuamandyyú, San Pedro).
