En Paraguay, la prensa debería ser un pilar del control democrático, no una herramienta de extorsión para beneficio propio. Sin embargo, el Grupo Zuccolillo, propietario del diario ABC Color y del conglomerado mediático Grupo Azeta, ha construido un modelo de negocios donde el poder de su multimedio se utiliza como garrote político o como salvoconducto económico, dependiendo de quién esté en el gobierno.
Durante los últimos 15 años, las empresas del Grupo Zuccolillo se alzaron con más de 31 millones de dólares provenientes del Estado. De ese total, más de la mitad —unos 15 millones de dólares— se concretaron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que terminó siendo uno de los más «generosos» con el holding mediático. Solo la empresa Mercurio S.A., dedicada al rubro gráfico y packaging, fue adjudicada en forma consecutiva año tras año, principalmente por el Ministerio de Educación para imprimir libros y entregar kits escolares. Llama la atención que mientras el multimedio denunciaba supuestos despilfarros del gobierno de Cartes, sus propias firmas se llenaban los bolsillos con licitaciones jugosas, muchas veces como único oferente.
Pero lo más grave no es la millonaria cifra sino el método. Cada administración que se resiste a los intereses del Grupo ABC termina siendo blanco de campañas virulentas, mientras que aquellas que ceden a sus demandas gozan de una cobertura complaciente. No es coincidencia que el auge de los contratos estatales haya coincidido con una actitud benevolente del diario hacia el gobierno anterior. Ni es casualidad que ABC haya pasado de recibir apenas G. 132 millones durante la era Cartes a más de G. 215 millones en un solo pago de Yacyretá durante el mandato de Abdo. El mensaje es claro: quien no se arrodilla, paga el precio en portadas.
Este patrón de comportamiento extorsivo se extiende más allá de las contrataciones. Cuando el escándalo del doleiro Darío Messer estalló, ABC Color destinó páginas enteras para atacar a las instituciones que no habían frenado al brasileño. Sin embargo, silenció cuidadosamente los vínculos comerciales del mismo Messer con la familia Casabianca, socia del proyecto inmobiliario promovido en su momento por el propio diario, y parientes de una de sus principales periodistas, Mabel Rehnfeldt. La línea editorial de ABC varía, pero no por convicciones éticas: cambia según convenga proteger o atacar a quienes amenazan el interés empresarial del grupo.
Lo mismo ocurrió en el caso del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Aunque se trata del mayor lavador de dinero del país —según afirmaciones vertidas en la propia radio del Grupo Azeta—, ABC Color apenas mencionó los vínculos de su Banco Atlas con fondos sospechosos. El multimedio que exige justicia para los demás es el mismo que hace lobby judicial para quedarse con propiedades incautadas al crimen organizado, como ocurrió con una estancia de “Cabeza Branca”. También, el supuesto narco Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, le brindaba regularmente al presidente del Banco Atlas y esposo de Natalia Zuccolillo, una estancia donde “Micky” Zaldivar practicaba rally.
En definitiva, el Grupo Zuccolillo ha hecho de la prensa un negocio que depende menos del periodismo que de la extorsión institucional. Se trata de un poder fáctico que actúa como juez, jurado y beneficiario en causas que deberían ser de interés público. Esta dinámica corrompe no solo al Estado, sino también a la esencia misma del periodismo, transformando al «cuarto poder» en un brazo económico del chantaje. Y cuando un medio se convierte en amenaza para los que no obedecen y en refugio para los que pagan, ya no hablamos de libertad de prensa, sino de una maquinaria de poder al servicio de sus propios intereses.
