La paralización de una construcción por una «orden judicial» que se mantiene vigente desde hace casi dos meses, tras una demanda de interdicto presentada por Alejandro Domínguez a través de su empresa Grupo Buenaventura S.A., expone una trama de influencia y maniobras judiciales que favorecen a ciertos sectores con acceso al poder.
El trasfondo de este caso revela la existencia de un esquema que opera en los juzgados con total discrecionalidad, donde la complicidad entre jueces y abogados, junto con contactos directos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), facilita resoluciones judiciales a medida. La rapidez con la que se dictó la orden de suspensión de la obra es una primera señal de alerta, ya que demuestra la capacidad de estos grupos para influir en la administración de justicia, algo que podría afectar a cualquier ciudadano común.
Pruebas de un proceso judicial exprés
Uno de los elementos que despierta sospechas, tal como señaló el periodista Ricky Alderete, es el pago de tasas judiciales, que solo ascendió a G. 43.051, monto que fue cargado al sistema a través del usuario de la abogada Chiara Pérez a las 21:22 del lunes 10 de febrero. Según el procedimiento, el sistema debía realizar un sorteo aleatorio para asignar un juez a la causa. Sin embargo, los tiempos de respuesta fueron inusualmente rápidos.
La demanda ingresó oficialmente y, de manera casi instantánea, sin que los documentos originales fueran autenticados ni revisados, se emitió una providencia de admisión. La resolución fue firmada a las 10:41 de la mañana siguiente, el 11 de febrero, por la jueza Rocío «Rochi» Frutos, en un tiempo récord y mediante un supuesto sorteo aleatorio.
Vínculos y maniobras político-judiciales
Aunque en los registros oficiales aparece Chiara Pérez como la abogada de la demanda, el verdadero nexo con la jueza Rochi Frutos sería el abogado Santiago Lovera. Este último es hermano de Claudio Lovera, penalista que representa a Alejandro Domínguez en diversos procesos. Esta conexión familiar se habría aprovechado para agilizar el dictado de la providencia y garantizar un fallo favorable.
La maniobra no terminó con la suspensión de la obra. Inmediatamente después, se presentaron recusaciones para impedir un eventual levantamiento de la medida, cerrando toda posibilidad de reactivación de la construcción. Esta es una estrategia recurrente utilizada por los mismos demandantes para bloquear cualquier acción en su contra.
Un esquema repetido en la justicia
Detrás de este caso aparece el Estudio Jurídico CLA Consultores, con los hermanos Lovera como eje y con el respaldo de un socio con vínculos políticos y un puesto como miembro suplente del JEM. Esta red de influencias no solo habría operado en este caso, sino que se repetiría en otros procesos judiciales con el mismo modus operandi: resoluciones exprés, firmas irregulares y recusaciones estratégicas.
La celeridad del proceso, la carga nocturna de documentos y la firma sin autenticación son claras evidencias de una justicia instrumentalizada al servicio de ciertos intereses. Como en otros expedientes, la ley se tuerce para beneficiar a los poderosos, dejando en evidencia un sistema judicial en crisis, donde la imparcialidad y la transparencia brillan por su ausencia.
