El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha acusado a Paraguay de «graves violaciones de derechos humanos» en relación con la muerte de dos niñas de 11 años durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en 2020. Esta afirmación, sin embargo, ignora deliberadamente el contexto en el que ocurrieron los hechos y omite señalar a los verdaderos responsables.
Según el comité, los fallecimientos constituyen «homicidios ilegítimos» y Paraguay habría intentado encubrir lo sucedido. Sin embargo, lo que el «comité de expertos» elige ignorar es que las niñas murieron en un enfrentamiento armado con una organización terrorista. Tampoco menciona quiénes las llevaron a un campamento guerrillero o quiénes les pusieron un arma en las manos para disparar contra las fuerzas de seguridad.
Un Relato Parcial y Políticamente Sesgado
Este tipo de pronunciamientos de organismos internacionales como la ONU reflejan una visión sesgada de la realidad, donde las fuerzas de seguridad son condenadas mientras los grupos irregulares reciben un trato indulgente. La FTC, en cumplimiento de su deber, actuó contra un grupo armado que ha sembrado el terror en Paraguay durante años. Pero en lugar de cuestionar la utilización de menores en actividades terroristas, el comité prefiere cargar toda la responsabilidad sobre el Estado paraguayo.
Una investigación objetiva y sin sesgos debería señalar no solo el contexto del operativo, sino también a quienes instrumentalizan a menores de edad en actividades ilegales y violentas. De lo contrario, este tipo de informes solo sirven para deslegitimar la lucha contra el terrorismo y fomentar la impunidad de quienes realmente ponen en riesgo los derechos de los niños.
