El gobierno del presidente Javier Milei trabaja en la modificación de la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar el proceso de deportación de inmigrantes en situación irregular. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo planea reformar el título V de la normativa vigente (Ley 25.871) para eliminar trabas judiciales que actualmente dificultan la expulsión de extranjeros sin residencia legal en Argentina.
Desde la Casa Rosada acusan a la Justicia de dilatar los procesos y buscan implementar un régimen más ágil que permita ejecutar las deportaciones de manera efectiva. Esta medida se enmarca en una política migratoria más estricta que incluye nuevas regulaciones para el acceso de extranjeros a servicios públicos.
En este sentido, el gobierno ha anunciado que universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, y que se eliminará la gratuidad de la atención médica en hospitales públicos para quienes no posean residencia legal en el país. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de optimizar los recursos estatales y garantizar que los servicios públicos beneficien prioritariamente a ciudadanos argentinos y residentes legales.
