En medio de las críticas y cuestionamientos que ha generado la reciente circular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es necesario subrayar que el documento es claro y correcto en su contenido. Más allá de los errores que existen en la implementación del sistema de alimentación escolar y que deben ser resueltos de manera urgente, la circular en cuestión no representa una amenaza para quienes deseen denunciar irregularidades dentro del ámbito educativo.
Lejos de lo que se intenta instalar en algunos sectores, las críticas parecen formar parte de una campaña mediática que busca tergiversar el verdadero alcance del comunicado. No se impide que los directivos o docentes denuncien irregularidades; por el contrario, la circular aclara el funcionamiento del sistema de denuncias, un mecanismo que los directivos de las instituciones deberían conocer. El documento solo establece que las consecuencias recaerán sobre aquellos docentes que “asuman funciones que no están ordenadas o que están prohibidas”, algo que es una regla básica en cualquier empleo.
Además, el comunicado del MEC hace una precisión fundamental sobre un punto que ha generado confusión: los directores no son responsables del destino de los alimentos sobrantes. La circular establece de manera explícita que “solo la empresa proveedora del servicio, en coordinación con el ente administrador del contrato (Gobernación o Ministerio de Desarrollo Social), puede determinar su destino”. Por lo tanto, los directores o encargados de despacho no tienen atribuciones para tomar decisiones al respecto, despejando así cualquier duda sobre su rol en este proceso.
En este contexto, es evidente que las críticas al comunicado responden más a una estrategia de desgaste que a una situación real de amenazas. La polémica parece haber sido alimentada por interpretaciones erróneas y amplificadas mediáticamente, sin un análisis riguroso del contenido del documento. Sin embargo, lo cierto es que el MEC ha emitido un comunicado que no solo es legítimo, sino también necesario para esclarecer responsabilidades dentro del sistema educativo y garantizar que los procedimientos administrativos se cumplan de manera ordenada y sin malentendidos.
