La batalla por la libertad de expresión ha entrado en una nueva etapa con la reciente iniciativa del Congreso de los Estados Unidos. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, bajo la dirección del republicano Jim Jordan, ha programado para su discusión la «Ley de No Censura en Nuestras Costas». Este proyecto, impulsado por el congresista Darrell Issa y respaldado por la influyente María Salazar, busca imponer sanciones severas a autoridades extranjeras que atenten contra la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses.
La propuesta establece que funcionarios extranjeros involucrados en actos de censura contra ciudadanos o plataformas de EE.UU. serán considerados inadmisibles en el país, enfrentarán la revocación de sus visas y podrán ser deportados. Si se aprueba, la medida tendrá un impacto inmediato en Brasil, afectando directamente al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a fiscales y agentes de la Policía Federal que han participado en acciones represivas contra la disidencia política y la libertad en internet.
Este proyecto ya había sido aprobado con amplia mayoría en la legislatura anterior, pero no avanzó debido a la resistencia demócrata en el Senado y la Casa Blanca. Sin embargo, el nuevo panorama político cambia radicalmente las posibilidades de éxito. Con Donald Trump nuevamente en la presidencia y una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, la expectativa es que la ley sea aprobada rápidamente y entre en vigor de inmediato.
El vicepresidente JD Vance ha dejado claro en múltiples declaraciones, incluida su reciente participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que la política exterior de la nueva administración estará basada en la defensa irrestricta de la libertad de expresión en todo Occidente. Esto representa un golpe frontal contra los censores del establishment izquierdista brasileño, quienes hasta ahora habían actuado con total impunidad.
Este giro en la política de Estados Unidos marca el inicio de tiempos difíciles para quienes han usado el poder judicial y policial para sofocar voces disidentes en Brasil. Con el avance de esta legislación, la era de la censura y el silenciamiento selectivo podría estar llegando a su fin, enviando un mensaje contundente a los regímenes que intentan restringir las libertades fundamentales.
